La consellera de Sanidad,
Ana Barceló, ha anunciado que
la Generalitat “emprenderá las acciones legales oportunas” ante la reciente operación de
compraventa ejecutada entre los accionistas de Marina Salud, la empresa concesionaria de la prestación sanitaria del departamento de Dénia, ya que se ha formalizado sin que se comunicara con antelación y sin solicitar la preceptiva autorización previa a la Conselleria de Sanidad.
Por su parte, desde
Ribera Salud, que gestionará el cien por cien del Hospital de Dénia tras alcanzar
un acuerdo de compra con DKV, movimiento por el cual la Generalitat ha abierto diligencias, muestran a
Redacción Médica su "sorpresa por, una vez más, enterarnos de algo tan importante por los medios de comunicación". El grupo defiende, además, que
la "operación es acorde a derecho" y que la Generalitat "fue informada formalmente antes de la operación".
Las mismas voces sostienen que
"hay informes de la Abogacía de la Generalitat en otro sentido", lo cual "nos inquieta por la discrepancia de criterios y por tanto es un tema que tendrán que estudiar y resolver los asesores legales". Mientras,
Ribera Salud asegura que seguirá centrada en su "labor sanitaria" y en "seguir ofreciendo la mejor atención a nuestros pacientes", más en "estos tiempos tan delicados para todos los ciudadanos".
El alegato de la Abogacía
La
Abogacía de la Generalitat, mientras, indica que en el caso de una transmisión de acciones,
"la Administración sanitaria debe tener conocimiento previo, porque esta circunstancia puede afectar a la buena marcha y eficacia del servicio de gestión integral que incide en los usuarios". Por ello, estima que
la Generalitat no puede ser ajena a la operación de compra de acciones que se lleva a efecto por Ribera Salud para tomar el control del cien por cien de la empresa concesionaria.
Además el informe de la Abogacía también incorpora
la respuesta dada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la Conselleria de Sanidad, en la que el organismo regulador estatal, de forma explícita,
señala que no ha valorado los efectos de la ley valenciana de 2018 en la operación.
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