Las consejerías de Sanidad, Economía e Igualdad de la Comunidad Valenciana se coordinarán para fomentar medidas que posibiliten la
inserción laboral de personas con trastornos mentales, y serán las responsables de canalizar las subvenciones a la
contratación indefinida a este colectivo. Según ha informado la Generalitat, entre las nuevas medidas adoptadas, el Consell ha decidido eximir del
certificado de discapacidad, obligatorio hasta ahora para acceder a las ayudas, a personas con primeros episodios psicóticos que ampliará el número de posibles beneficiarios.
Además, el
Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef), dependiente de la Consejería de Economía, ha asignado para este año una partida de 1,4 millones de euros (688.000 para Valencia, 564.000 para Alicante y 146.000 para Castellón) para las
subvenciones del programa de fomento de la contratación indefinida para personas con
diversidad funcional y personas con enfermedad mental.
La consejera de Sanidad,
Carmen Montón, ha manifestado en la inauguración de la jornada "Empleo y Salud Mental", que "el empleo es valorado por el Consell como una actuación terapéutica de primer orden".
Coordinación de distintas áreas
En estas unidades se definirán los itinerarios coordinados entre las tres consejerías de referencia, y "de hecho se incluye como factor vital de mejora en el
plan de atención individual que se lleva a cabo en las
Unidades de Salud Mental", ha asegurado Montón. Montón ha destacado que "esta implicación de distintas áreas de gobierno se enmarca en la convicción de que la salud es cosa de todos como demuestra la constitución el pasado mes de enero de la Comisión de Evaluación del Impacto en Salud en la Comunitat Valenciana".
La consejera ha añadido que "la
integración laboral es un componente clave para facilitar la autonomía, la independencia y la integración de cualquier persona, pero más aún en pacientes que ven cómo salen de su papel de enfermo o enferma para asumir el de trabajador o trabajadora".
Ha recordado además que con esta estrategia se atienden también las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la
Asociación Mundial de Rehabilitación (WAPR) para garantizar los derechos de estas personas.
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