La reversión de concesiones pública en materia sanitaria en la Comunidad Valencia ha vuelto a ser protagonista un día más. Esta misma semana, el Tribunal Supremo avaló la decisión del gobierno valenciano de no prorrogar la concesión a Ribera Salud, que supuso la reversión a la gestión pública del área de salud de Alzira.
Una sentencia que la Conselleria de Sanidad celebra porque entiende que “avala el procedimiento seguido en el caso de la reversión del departamento de Alzira”, según han señalado fuentes del departamento que dirige Ana Barceló han señalado a Redacción Médica. “Es una sentencia favorable para la Generalitat, por lo que la valoración es muy positiva”, insisten.
Desde Sanidad recalcan que hay que tener en cuenta que la reversión de Alzira se hizo “sin ningún precedente”, y en la misma sentencia “se reconoce que se aportó documentación suficiente para que el procedimiento se ajuste a la ley”.
No obstante, pese a que el Supremo estima que no hay motivos para declarar la nulidad del proceso de reversión y considera que los informes son suficientes en este caso, sí que fija doctrina e insta a justificar mejor estas decisiones en el futuro, algo que podría ser importante para otros procesos de reversión en marcha, como el del área de Torrevieja.
Un antes y un después
Una doctrina, esta última, que para el
grupo Ribera supone
“un antes y un después en los procesos de reversión de las administraciones públicas en España”. En concreto, el grupo apunta que a partir de ahora se ha definido la doctrina que obligará a todas las administraciones públicas a justificar las repercusiones y efectos financieros y presupuestarios derivados de la decisión de revertir una concesión.
“Esta sentencia, sin precedentes, supone una gran garantía de la estabilidad presupuestaria y control del gasto público”, señala la empresa. El posicionamiento del Supremo
impide “decisiones administrativas basadas en criterios arbitrarios e ideológicos cuyos efectos económicos negativos deban pagar los ciudadanos”, así como supone “una garantía del principio de transparencia en la medida en que los ciudadanos conocerán previamente a su adopción las consecuencias económicas que van a tener las decisiones de sus gobernantes”, indica Ribera.
"Una garantía contra decisiones arbitrarias"
Mientras, la
Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha celebrado también la sentencia del Tribunal Supremo. La patronal de la sanidad privada considera que
supone una “garantía contra las decisiones arbitrarias” o no suficientemente justificadas de las administraciones públicas en los procesos de reversión de servicios e infraestructuras públicas gestionadas bajo concesión a entes privados.
ASPE exige, tras la sentencia del Supremo sobre el
recurso de casación interpuesto por Ribera contra la reversión del Hospital de La Ribera de Alzira, que las administraciones públicas sanitarias velen por la eficiencia del servicio al ciudadano.