Los reveses y la maltrecha situación financiera de la Comunidad Valenciana ha hecho que ahora el Gobierno autonómico maneje un documento interno en el que se calcula una deuda del Estado central de 306 millones de euros.
Según cálculos de la Consejería de Sanidad, 231 millones se corresponderían a la atención sanitaria especializada que se ha ofrecido a personas de otras comunidades autónomas entre julio de 2012 y diciembre de 2015. Sin embargo, parece que las posibilidades de recaudar todo este dinero son bajas pues el desarrollo normativo del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) todavía no está hecho y lo que se ha desarrollado no apunta bien para la comunidad. Además no hay un registro exacto de toda la gente atendida sino que es una estimación, lo que es otra piedra en el camino, según informa el diario Levante.
Por otro lado, el departamento dirigido por Carmen Montón estima que la inversión en atención a extranjeros ha sido de 38,6 millones, a lo que hay que sumar 13,3 millones de tratamiento a pacientes programados (estos, si bien se van a cobrar, aún no se ha hecho el ingreso) y 23,1 millones de asistencia primaria a desplazados de otras regiones.
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