Redacción. Valencia
El pleno de las Cortes Valencianas ha convalidado en su primera sesión tras el periodo vacacional el decreto ley aprobado por el Consejo en julio por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunidad, al que ya se han acogido 2.800 inmigrantes en situación irregular pero empadronadas desde hace más de tres meses en la región.
Con la abstención del PP y el apoyo del resto de grupos, el Gobierno valenciano ha advertido ante la Cámara que no va a "tolerar amenazas" del Ejecutivo central en relación a la supuesta inconstitucionalidad de esta medida. Es más, desde la región van a seguir exigiendo que se derogue el Real Decreto 16/2012.
Carmen Montón ha sido la encargada de defender el decreto ante la Cámara y en su intervención ha mostrado su "orgullo" por presentar esta propuesta que demuestra que tras 20 años de gobiernos del PP ahora se está comenzando a "hacer las cosas distintas", dado que “no hay ciudadanos de primera y de segunda”.
La consejera ha recalcado que "las enfermedades no entienden de fronteras ni de carnés de identidad" y ha censurado que la medida del Gobierno de Rajoy ha afectado a 127.000 personas en la comunidad, incluyendo a niños y embarazadas, a pesar de que aseguró que este colectivo quedaría cubierto.
La titular del departamento ha criticado asimismo “la última ocurrencia” del Ejecutivo central, desde el cual proponen un documento para regular la atención “con condiciones tan restrictivas que deja fuera a la mayoría de los usuarios”, considera.
El PP, crítico; Compromís y Podemos, satisfechos y C's, indeciso
Por su parte, la portavoz adjunta del PP, María José Catalá, ha querido dejar claro que "nadie se ha quedado sin prestación sanitaria" porque la sanidad "ha existido antes de que Puig y Montón llegaran al Gobierno".
Catalá ha reclamado al Consell que "no vaya por libre" y colabore en la armonización del sistema a nivel nacional, pues este decreto "no ha sido consensuado con el principal grupo de la oposición" y supone "una injerencia clara en las competencias del Estado".
Desde el resto de grupos, la diputada de Compromís, Isaura Navarro, ha celebrado que con esta medida "recuperamos la dignidad y la humanidad" frente a las "políticas vergonzosas, xenófobas y mercantilistas del PP" y el portavoz de Podemos, Antonio Montiel, ha criticado el modelo sanitario popular al considerar que "es injusto y vulnera los estándares internacionales de derechos humanos".
Por su parte, Juan Ginés Córdoba, diputado de Ciudadanos, ha anunciado el sí a la convalidación de un decreto de "justicia social" pero ha lamentado la "improvisación y precipitación" en la tramitación de un texto con "aspectos cuestionables".