La Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública que dirige Carmen Montón debe argumentar por qué no renueva el concierto que mantiene con el Hospital de Alzira, del grupo Ribera Salud, ya que este ha recurrido judicialmente a través de un recurso de reposición la decisión tomada por el departamento, según confirman fuentes del entorno de la empresa. El citado centro termina su contrato en diciembre de 2018 y la Administración ya ha hecho público que no piensa renovarlo, sin embargo, el grupo sanitario privado argumenta que esa decisión debe estar contrastada y argumentada para tener justificación.
En unas recientes jornadas tituladas “Aspectos jurídicos y laborales del rescate o finalización de las concesiones administrativas”, el jurista Nicolás González-Deleito ya expuso que el Gobierno tiene todo el derecho del mundo a renovar o no un contrato, pero para tomar esa decisión debe existir una “justificación” en lugar de ejecutar órdenes “de forma caprichosa”. Argumentos, por cierto, que el letrado matizó que deben ser del todo “sólidos”.
Al impacto e inseguridad que ha creado la decisión de la Consejería entre los trabajadores tanto de Alzira como de Dénia, se suma que el departamento capitaneado por Carmen Montón no parece muy interesado en presentar estas decisiones amparadas en datos objetivos. Hace unas semanas, se propuso en las Cortes Valencianas realizar una auditoría no solo de los centros concertados sino también de los públicos, con el fin de dibujar un mapa comparativo de la eficiencia de los distintos centros. Una propuesta que tanto el PSOE como Compromís y Podemos tumbaron en votación.
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