El
presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido que el
requisito lingüístico exigido a los funcionarios tenga excepciones en ámbitos como el de la
sanidad, según informan varios medios regionales.
Además, ha afirmado que en la
Comunidad Valenciana "
no hay ningún conflicto lingüístico ni lo tiene que haber en el futuro".
Puig, tras asistir a la firma del
convenio entre la
Conselleria de Sanidad y la
Fundación Amancio Ortega, ha explicado que se está estudiando la posibilidad de no exigir el valenciano a funcionarios de determinadas áreas en la
próxima ley de Función Pública. "Excepcionalidades va a haber, lógicamente".
En ese sentido, ha apuntado que "lo prioritario y lo fundamental" es que el ciudadano es "el que
tiene el derecho a decidir la lengua en la que se relaciona con la Administración". "
Esa es la cuestión", ha remarcado.
El jefe del Consell ha recordado que en la Comunitat Valenciana hay
dos lenguas cooficiales, el valenciano y el castellano, lo que es "una gran riqueza y una gran oportunidad que
no se puede ver como un problema". No obstante, ha defendido estas excepciones "en algún caso concreto de una persona,
por ejemplo en el ámbito de la sanidad, que por alguna razón necesita algún tipo de acompañamiento se pueda plantear, como en el caso de la investigación en general", al igual que ocurre en
otras comunidades autónomas con dos lenguas.
Por tanto, el requisito lingüístico "hay que verlo desde la normalidad
alejado de cualquier radicalidad" porque "no hay un problema lingüístico porque el valenciano esté intentando ser
absolutamente hegemónico ni hay tampoco ningún problema para entender que nosotros tenemos dos lenguas y las dos tienen que tener la misma consideración". "Esa es la realidad y no hay ningún conflicto lingüístico en la Comunitat Valenciana
ni lo tiene que haber en el futuro".
El requisito lingüístico divide a los partidos
El requisito lingüístico ha sido uno de los temas que ha dividido a los dos partidos que forman el Consell,
PSPV y Compromís. Desde las filas socialistas no se quiere marcar una línea tan dura como la que pretenden sus socios nacionalistas y
esto ha llevado a posponer la decisión en la futura ley de función pública.
La nueva normativa que parte de la conselleria de Justicia, encabezada por
Gabriela Bravo, no será debatida esta legislatura. Aunque existe un borrador, el proyecto permanecerá en un cajón ya que en la comisión de seguimiento d
el pacto del Botànic que reunió el lunes al PSPV, Compromís y Podemos se pactaron las prioridades legislativas, pero
no se abordó este asunto.
Esta situación ha llevado a que sindicatos como
Intersindical criticasen el "retraso considerable" en el proceso respecto a esta ley "imposibilitará" su aprobación y despliegue en esta legislatura. Ante esta situación,
el sindicato propuso la puesta en marcha de una "vía alternativa" para establecer la capacitación lingüística mediante la ley de acompañamiento de
los presupuestos de 2019. Además, la organización cargó ayer contra el departamento de Gabriela Bravo por "romper" el consenso sobre la capacitación lingüística en el
ámbito sanitario.
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