El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este jueves que el Estado debe a la Comunitat Valenciana 360 millones de euros por la atención sanitaria que se presta en la región a ciudadanos desplazados de otras comunidades, después de que el portavoz de Podemos en las Corts, Antonio Montiel, le reprochara la "desatención" a las familias valencianas para reforzar la asistencia en zonas turísticas.
En la sesión de control al 'president', Montiel ha reprochado al Ejecutivo valenciano incumplimientos en cuestiones como la eliminación de barracones, la refundación del Servef o el "bloqueo" del programa Fes Cultura, y ha señalado que el plan asistencial de verano de Sanidad contiene un error, que "la mayor parte de las familias valencianas no se desplaza", con lo que se genera una "desatención" a estas personas para atender a turistas sin que "luego se recupere el dinero".
Puig ha recordado que "todos los indicadores han mejorado" pero no quiere "ningún triunfalismo" porque "hay un problema de maquinaria", al no haber suficientes empleados públicos, lo que genera los "atascos". Según ha dicho, "una de las grandes y graves hipotecas" que encontró hace dos años el Consell fue la de "una administración anticuada, oxidada y desmoralizada", con una pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo desde 2008, un 30 por ciento, por la "sequía de convocatorias" de empleo público y las "restricciones impuestas por el Gobierno central".
Así, si la administración ha funcionado en los últimos años "ha sido exclusivamente por la profesionalidad de sus integrantes" pero quedan "muchos expedientes paralizados por falta de personal".
Ante esta situación, la hoja de ruta pasa por consolidar y aumentar el capital humano, fortalecer la organización y generar una nueva administración valenciana electrónica y sin papeles. Ha recordado que desde la Conselleria de Justicia y Administración Pública se convocarán 2.830 plazas en los próximos años, y habrá también 5.000 plazas para cuerpos docentes y 3.600 para sanidad.
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