Los presidentes de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y la Junta de Andalucía, Susana Díaz, han propuesto ocho puntos clave para la reforma del modelo de financiación autonómica. Un sistema que ayudará a las administraciones autonómicas que “no derrochan” en sanidad, educación o bienestar social. En esta línea, argumentan que la inversión en estos ámbitos está cuatro puntos por debajo de la media de países de la Eurozona, con 40.000 millones de euros menos.
Las propuestas abogan por un modelo, señala el texto, que debe proporcionar financiación suficiente para que las comunidades "puedan prestar todos los servicios públicos de los que son responsables con unos niveles de calidad adecuados y sin incurrir en déficits en el horizonte 2020" y construir un sistema que equipare en recursos a las regiones, dando estabilidad a la financiación de sanidad, educación y servicios sociales, con un nivel de gasto protegido de las oscilaciones del ciclo económico.
Asimismo, el nuevo modelo debe ser "sencillo, transparente y predecible" para permitir la planificación a medio y largo plazo, y tener en cuenta que durante los últimos años la contribución a la reducción del gasto público "ha sido muy desigual" y las comunidades han soportado el mayor peso. Una situación que, según explican, ha provocado el endeudamiento de las comunidades, con lo que se pide abordar la problemática derivada de los déficits presupuestarios generados por la infrafinanciación autonómica, que "amenaza la viabilidad financiera de la totalidad de comunidades de régimen común". La deuda derivada de la infrafinanciación debe ser, por tanto, "tratada y solucionada como problema de Estado".
Por otra parte, los presidentes autonómicos reclaman que se asegure la aplicación efectiva del principio de lealtad institucional entre el Estado y las comunidades autónomas y de las autonomías entre sí, con un proceso de armonización fiscal como condición necesaria, porque su ausencia "puede provocar que los ciudadanos decidan dónde vivir no según sus preferencias o condiciones personales, sino según la legislación tributaria", extremo en el que ha incidido la presidenta de la Junta.
Superar fronteras
En este sentido, ha indicado que cuando se cedió una parte del IRPF a las comunidades se hizo "acotado", con un intervalo, pero en el caso del impuesto de sucesiones y donaciones se hizo "de manera rápida y poco fina, sin intervalo y sin topes", con lo que "otras comunidades que están muy bien financiadas se pueden permitir bajar y de manera llamativa" este gravamen.
"Queremos saber qué se está pagando en el conjunto de España, que haya un intervalo medio, que no haya un desequilibrio", ha remarcado Díaz, que ha insistido en que no hay que permitir "que haya dumping fiscal" y ha criticado que esta discusión se plantee en términos de reclamar una subida de impuestos: "Al contrario, no queremos que los ciudadanos se vean gravados más en unos territorios que en otros porque sus comunidades están mal financiadas".
De este modo, ha insistido, desde la transparencia se podrán evitar "muchos conflictos territoriales" y se conseguirá que "nadie más vuelva a decir que le paga la sanidad o la educación a otro y nadie pensará que está pagando impuestos para pagar o beneficiar a otros territorios", contribuyendo a "destensionar" y a la "cohesión territorial y social" del país".
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