Carmen Montón ha reconocido en una respuesta parlamentaria que no existe ningún informe jurídico que hable de presuntas irregularidades en las contrataciones del Hospital Provincial de Castellón entre los años 2006 y 2015. Si bien la consejera de Sanidad Universal y Salud Pública ha justificado su decisión de llevar este asunto a Anticorrupción después de que los servicios jurídicos de la Generalitat valenciana revisaran “toda la documentación”, encontrando “indicios de presuntas irregularidades”.
La inexistencia de expedientes, la realización de obra nueva a cargo de mantenimiento, el haberse rebasado los importes fijados en la contratación o la emisión de varias facturas sin cobertura contractual, son algunas de las presuntas irregularidades que se habrían encontrado en la gestión del citado centro durante casi una década.
Lo que sí existe es un informe económico que acompaña a la documentación aportada por Sanidad. En él se concretan las acciones que la dirección general realizó para recabar la información; de esta se extrae “el importante volumen de transacciones entre el Consorcio y las empresas Piaf y Telecso, si bien la información suministrada aparece de forma desordenada y pendiente de valoración”. Claro que cuando se habla de importante volumen esto se traduce en 3.800 facturas de ambas empresas entre 2006 y 2012, por un total de 27 millones de euros pendientes de análisis. Asimismo, Telecso emitió por su parte 800 facturas más entre 2008 y 2015 por un importe superior a 10 millones de euros que, de momento, no atisban casos de irregularidad.
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