La Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana lleva este miércoles a la Fiscalía Anticorrupción presuntas irregularidades detectadas en la facturación del hospital provincial de Castellón por un importe total de 25 millones de euros.
De la cantidad total, alrededor de 12 millones de euros corresponderían a facturas que supuestamente superan los importes fijados en los expedientes de contratación, mientras que el resto se referiría a facturas sin cobertura contractual.
Las irregularidades que se pondrán en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción corresponden al periodo comprendido entre los años 2003 y 2015, durante la gestión del Partido Popular en el Gobierno valenciano.
Una de las empresas que más habría facturado es la constructora PIAF. Su propietario, Alejandro Pons, confesó los hechos en el marco de la investigación de la pieza separada del caso Gürtel en el que está acusado de financiar al Partido Popular de manera irregular.
Según cuenta la Cadena Ser, en una segunda fase, la Consejería pretende analizar la gestión de años incluso anteriores a 2006, por lo que ha ordenado la custodia de toda la documentación para evitar cualquier manipulación.
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