El Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana (Síndic de Greuges) ha emitido un informe en el que se analiza la situación de los colectivos más desfavorecidos entre 2014 y finales de 2015 en el que se alerta de que los más pequeños tienen problemas, entre otras cosas, “para poder seguir con el tratamiento de enfermedades crónicas o graves por falta de recursos para adquirir medicamentos o incluso para acceder a la atención sanitaria especializada”.
“El papel de los servicios sociales generales en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en los municipios valencianos durante la crisis”, así se llama el documento del Síndic en el que se detalla la avalancha de “situaciones de emergencia social” planteadas durante esos años y “la excesiva burocracia y la demora a la hora de acceder a las prestaciones”.
Esto ha provocado el “desbordamiento” de los servicios sociales debido a que muchas familias han tenido que acudir a múltiples organizaciones sociales para cubrir sus necesidades más básicas, como “medicinas para menores y personas mayores”.
La valoración de Mónica Oltra
Acerca del documento, la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, ha señalado que es una “foto fija final de lo que fue la gestión del antiguo gobierno del PP de las políticas sociales, de las políticas de dependencia y de la lucha contra en el empobrecimiento: un informe demoledor del desastre que se encontró el gobierno del Botànic cuando llegó en julio de 2015".
Frente a estas políticas anteriores, la vicepresidenta ha destacado algunas de las actuaciones llevadas a cabo por el Consell, como "un sistema de autonomía personal frente a un sistema de dependencia, la inclusión de más de 23.000 personas de la lista de espera en el sistema de protección de la dependencia, o el pago a los herederos que se había aplazado y fraccionado hasta el 2019 y que el 31 de marzo de 2016 quedó ya saldado".
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