Los forenses ven una falla "bioética" en los análisis de edad de los menas

"A mí me gustaría saber cuál es la opinión del Gobierno de España ante una comunidad que tiene 317 plazas, pero 481 menores dentro de esos centros", dijo en julio pasado el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sobre las plazas de acogida destinadas a menores migrantes en la región. Solo tres meses después, con votos del Partido Popular y de Vox, se aprobó en Les Cortes Valencianes una Proposición No de Ley (PNL) para solicitar pruebas periciales a jóvenes no acompañados que han llegado a España y determinar si no tienen la mayoría de edad.

La dudas ahora giran en torno a la viabilidad de la iniciativa, ya que, tal como ha explicado la Asociación Nacional de Médicos Forenses a Redacción Médica, "supondría una mayor necesidad de recursos humanos y materiales" al requerir una exploración médica, pruebas de imagen, interpretaciones de resultados y valoraciones globales. "En resumen, habría que ver el presupuesto asociado a la PNL", ha añadido la entidad, ya que el documento no contempla ninguna partida de gasto.

¿De qué pruebas se trata y cómo se aplican? La respuesta se reduce a un examen de "gran complejidad", que se realiza desde los distintos Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de España y que cuenta, además, con la colaboración de centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS), donde se hacen pruebas de imagen. 
Ante esto, la asociación asegura que que habría que resolver lo que ha denominado como un "problema bioético" porque se tiene que someter a "radiaciones ionizantes a personas por una solicitud de origen político, en vez de por criterio científico". 

Los protocolos y recomendaciones de ámbito nacional e internacional, tal como ha detallado el organismo, suelen solicitar no sólo una entrevista y exploración del sujeto, sino una radiografía de carpo y ortopantomografía y, en algunos casos de duda, un TAC de la extremidad proximal de la clavícula. "Esto con el fin de valorar la maduración ósea, erupción y desarrollo dental", ha resaltado la Asociación de Médicos Forenses.

Cada una de estas pruebas "se realizan a solicitud de la Fiscalía cuando existen dudas sobre la edad de la persona migrante", aunque "se suele ser un poco restrictivo a la hora de solicitarlas" porque suponen una radiación para la persona: "No son del todo inocuas".

Planteamientos de la PNL de Vox

La PNL presentada por los diputados de Vox José María Llanos y David Muñoz propone realizar "a todos los migrantes ilegales no acompañados que se encuentren bajo tutela de la Generalitat pruebas periciales exhaustivas para determinar fielmente su edad", con un mínimo margen de error. Pero también tiene un segundo objetivo: establecer un protocolo general con "pruebas periciales y médicas más exhaustivas, como la radiografía de la cresta ilíaca de la cadera".

Según los datos presentados en el documento, los centros de menores migrantes no acompañados en la Comunidad Valenciana "están desbordados" y tienen una sobreocupación del 170 por ciento, tal como ha informado el gobierno de Carlos Mazón. "El coste para mantener a cada mena en la Comunidad Valenciana es de 200 euros diarios, costando aproximadamente 96.200 euros diarios mantener a los casi 500 menas de la Comunidad Valenciana, superando este coste los 35 millones de euros anuales", expone.

En ese contexto, Vox considera que las pruebas de determinación de la edad "cobran especial importancia" y que deberían hacerse a "todos los migrantes ilegales que llegan a territorio nacional para determinar fielmente su edad", ya que -tal como resalta la PNL- la apariencia física está "influenciada y condicionada" por factores nutricionales, higiénico-sanitarios, madurez, entre otros.  

Aunque desde la oposición se calificó la medida como "racista" y con posibilidad de "promover el odio y el miedo", fue aprobada con los votos de los populares y de Vox, en total 52 a favor y 45 en contra, por lo que ahora será decisión del Gobierno de Carlos Mazón su aplicación o no.