El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha mantenido este viernes una reunión con el consejero delegado de Ribera Salud y presidente de la Comisión de Cooperación Público Privada (CPP) de la CEV, Alberto de Rosa. Navarro ha expresado su respaldo a Ribera Salud, empresa asociada a la CEV, ante la "ofensiva contra el libre ejercicio de la actividad empresarial y la competencia", según el grupo, que se ha materializado con la presentación de las enmiendas de Compromis y Podemos a la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana.
La enmienda, presentada el pasado viernes en Les Corts, establece que ninguna persona física o jurídica podrá disponer de más del 40% de las acciones o participaciones de las empresas que gestionan y prestan servicios sanitarios en la red pública de salud. Su presentación coincide en el tiempo con el tanteo que lleva a cabo Ribera Salud para hacerse con las acciones de la aseguradora DKV en el Hospital de Denia donde Ribera Salud ya dispone del 35 por ciento de sus acciones.
"La enmienda atenta directamente contra el libre ejercicio de la actividad empresarial del grupo y nos sitúa, una vez más, en un escenario de inseguridad jurídica que no pasa inadvertido a inversores foráneos y de la propia Comunidad Valenciana y que en nada beneficia, por tanto, a la mejora económica y social de nuestro territorio. Cabe recordar que en asuntos de calado como este, podría intervenir la Unión Europea", alerta Ribera Salud.
El presidente de la CEV ha vuelto a insistir en las bondades de la gestión de recursos públicos a través de mecanismos de colaboración público privada. “Un modelo de económico y social sostenible exige el concurso y la participación de la iniciativa privada, más aún en un escenario de restricción presupuestario como en el que nos encontramos y que previsiblemente se alargará en el tiempo”, ha asegurado. En su opinión debe superarse la estigmatización sobre esta fórmula de gestión que afecta, también, a empresas que gestionan o aspiran a gestionar privadamente servicios públicos. “Al ciudadano lo que le interesa y preocupa es recibir servicios de calidad y no la naturaleza del responsable de su ejecución” asegura Navarro. En este sentido, "los datos oficiales disponibles hasta ahora sobre el funcionamiento del modelo sanitario concesional en la Comunidad Valenciana, como la última auditoría de la Sindicatura de Cuentas, no ofrece duda sobre la eficiencia del modelo para la Administración Pública y la calidad de la atención que reciben los ciudadanos", asegura el grupo. Según esta auditoría, el modelo sanitario de colaboración público privada supone un ahorro del 25 por ciento a las arcas públicos así como unos estándares de calidad por encima de la media.
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