El nombramiento de Mònica Almiñana como gerente del Hospital La Fe de Valencia amenaza con convertirse en un problema judicial serio para la Consejería de Sanidad que dirige Carmen Montón. La batalla iniciada en los tribunales a finales de 2015 por la aspirante descartada, Mayte Lázaro, acaba de sumar un nuevo capítulo: la justicia ha vuelto a reclamar a la Consejería el expediente del nombramiento, de cara al inicio del juicio, que se prevé para marzo. La denunciante asegura que sigue adelante para “luchar contra la arbitrariedad” con la que a su juicio se están llevando a cabo “todos” los procedimientos de este tipo en la Comunidad Valenciana.
En una diligencia de ordenación fechada el 18 de enero, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia ha reiterado a Sanidad el requerimiento para que haga llegar el expediente que motivó el nombramiento de Almiñana, exsenadora socialista, en lugar de Lázaro. Además impone una multa coercitiva de 300 a 1.202 euros si no presenta esta documentación en 20 días. La primera vez que el juzgado solicitó esta información fue el pasado mes de mayo. La Consejería, por su parte, señala que ya ha aportado la documentación requerida.
Mala voluntad
Para Lázaro, la candidata descartada, la dilación de la Consejería de Sanidad a facilitar esta documentación demuestra la “mala voluntad” de la Administración a la hora de colaborar con la justicia y su ánimo de ocultación. En conversación con Redacción Médica, esta médico psiquiatra con experiencia en gestión se ratifica en su opinión de que “el procedimiento estuvo lleno de irregularidades”.
Entre otras razones, Lázaro refiere que la comisión de valoración no entrevistó a las candidatas ni tuvo en cuenta su currículum. “No se motiva la resolución, por lo que no podemos saber qué méritos aportó la candidata seleccionada”, añade. En su opinión, estas irregularidades apuntan a que el puesto ya estaba adjudicado de antemano a la exsenadora socialista, que también es médico -con especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria- y cuenta con experiencia de gestión en Catsalut.
“Para esto no hacía falta una convocatoria pública”, se queja la psiquiatra, en cuya opinión, todos los procesos para nombrar altos cargos que han seguido al de La Fe han sido igualmente “arbitrarios”. “Yo no estoy en contra de la libre designación. Pero siempre que libre designación no signifique arbitrariedad y nombrar por afinidad política”, sostiene.
Juicio previsto para marzo
Lázaro confía en que el juicio, cuyo comienzo está previsto para marzo, concluya con una sentencia que obligue a la Consejería a repetir la convocatoria para la provisión de la plaza de gerente. Asegura que su motivación para recurrir a la justicia va más allá de su caso personal y lo enmarca dentro de la “lucha por profesionalizar la gestión sanitaria” y como una forma de insuflar “ánimos” a otros compañeros que se han inscrito en procedimientos similares. “Esta Administración y otras terminarán por darse cuenta de que los puestos de gestión tienen que estar ocupados por profesionales con experiencia en ese área”.
El nombramiento de Almiñana estuvo rodeado desde el principio de controversia. Sanidad daba a conocer en septiembre de 2015 los nombramientos de los gerentes de diez departamentos de salud, entre ellos el suyo. Sin embargo, advertida de que la legislación le impedía contratar directamente a personal ajeno a la administración, Montón decidió oficializar la elección y creó una convocatoria especial para la plaza de gerente de La Fe que incluía una excepción legal. Fue en este momento cuando la otra aspirante decidió presentarse. Desde la Consejería siempre han defendido que se trató de un proceso absolutamente legal.
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