El Consell de la Generalitat Valenciana ha aprobado los
presupuestos autonómicos del 2024, tal y como ha anunciado la consejera de Hacienda,
Ruth Merino, en una rueda de prensa. El proyecto presupuestario alcanza los
29.732 millones de euros, lo que supone un
incremento del 4,5 por ciento respecto a la partida del 2023. “Los primeros presupuestos del Consell del cambio aumentan los recursos para servicios fundamentales y
sanidad cuenta con el mayor presupuesto de su historia: 8.504 millones de euros”, ha celebrado el presidente valenciano
Carlos Mazón en su cuenta de X (antes Twitter).
La
partida sanitaria ha incrementado un 2,9 por ciento respecto a las últimas cuentas pactadas por el Govern del Botànic. Son
246 millones de euros más para la Conselleria de Sanidad que dirige
Marciano Gómez. Si bien cada departamento deberá explicar la cuantía total a recibir y cómo la repartirá, Merino ha avanzado que
no habrá recortes en materia sanitaria. “Estamos cansados pero muy satisfechos. Hemos conseguido hacer más con menos”, ha asegurado, recalcando que “lo importante es lo que viene a partir del uno de enero”.
Además, la titular de Hacienda ha subrayado que el Govern
reforzará la inversión en Atención Primaria con un tercio del total del presupuesto de Sanidad. También reforzarán al primer nivel asistencial con la
creación de una dirección específica. Por otro lado, las políticas dirigidas a la
salud mental crecerán en un total de 20 millones para el próximo ejercicio, incrementado el monto hasta los 142 millones.
Se trata de un proyecto acordado entre los dos partidos gobernantes en la región, el Partido Popular (PP) y Vox que, tal y como ha asegurado Merino, se ha cerrado sin “conflictos internos” entre ambos socios.
Comunitat Valenciana pide cerca de 1.000 millones al Gobierno
En otro orden de cosas, el pleno del Consell ha aprobado este lunes otras dos cuestiones relevantes para la
sanidad regional. La primera de ellas es el
reclamo de 926 millones de euros al Gobierno central para “compensar el gasto derivado de la atención sanitaria a pacientes desplazados de otras comunidades autónomas y extranjeros”, y la segunda, un convenio de colaboración para instaurar la
protonterapia en el sistema sanitario español.
En cuanto al primero de ellos, el Ejecutivo autonómico consideran que ese importe de casi
mil millones de euros se debería haber abonado ya a través del Fondo de Garantía Salarial (
FOGA) y del
Fondo de Cohesión. Se trata de dos instrumentos creados para
compensar la asistencia a pacientes desplazados de otras comunidades autónomas y para compensar el gasto por la
atención a los extranjeros, respectivamente. “Hay que señalar que la finalidad del FOGA es compensar el gasto que generan determinadas comunidades autónomas que, debido a su carácter turístico, atienden a una mayor población desplazada de forma temporal, como es el caso de la Comunitat Valenciana”, argumentan desde el Ejecutivo regional.
Además, desde Valencia recalcan que desde el año 2012, la
puesta en marcha del FOGA ha sido “muy limitada”, perjudicando económicamente a la comunidad autónoma. “Desde el 2012 la Comunitat Valenciana adeuda 23,1 millones de euros por la atención sanitaria en Primaria, 721,3 millones en especializada y 98,9 en las derivaciones de otras comunidades con carácter programado”, justifican.
La partida invertida en la asistencia de los ciudadanos extranjeros que por motivos ajenos han tenido que acudir a la
sanidad valenciana asciende a los 82,7 millones de euros, según confirma la Generalitat valenciana. Se trata de una cuantía no recibida por parte del Consell y que los de Mazón reclaman al Ejecutivo central.
Convenio específico para protonterapia
Por último, el pleno del Consell ha autorizado un convenio específico para la colaboración en la implantación de la protonterapia en el
Sistema Nacional de Salud (SNS). Concretamente, la
Conselleria de Sanidad valenciana trabajará con el
Ministerio de Sanidad, las consejerías sanitarias del
País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Madrid y Canarias, y la
Fundación Amancio Ortega (que dondará un total de 280.000.000 euros) para la implementación de esta tecnología en el sistema de salud español.
El acuerdo estipula que uno de los diez equipos se instalará en el
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, por valor de 27,3 millones de euros. La Conselleria se hará cargo de la inversión “necesaria” para su instalación en el centro asistencial, su funcionamiento y mantenimiento. Se trata, según las estimaciones del departamento sanitario, de una partida total de 25,252 millones de euros.
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