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La Generalitat Valenciana endurece los requisitos para traspasar farmacias
La Ley de Acompañamiento de los presupuestos aumentará de 10 a 15 años el mínimo exigible
El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira. | Foto: Generalitat Valenciana.
02 jun 2026. 12.25H
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POR DAVID PUNZANO
La Generalitat Valenciana eleva las condiciones para traspasar una oficina de farmacia en la comunidad autónoma. El anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y de Organización para 2026, conocido como Ley de Acompañamiento de los presupuestos, aumentará de diez a quince años el periodo mínimo que deberá permanecer abierta una farmacia antes de poder ser puesta en venta, traspasarla o cederla, según ha adelantado ValenciaPlaza.
La medida supone modificar las condiciones para la transmisión de las oficinas de farmacia en el ámbito rural y endurecer los requisitos para la transmisión de estos establecimientos, aunque introduce algunas excepciones para aquellas oficinas de farmacias que estén situadas en poblaciones de menos de 800 habitantes.
La Generalitat pretende así evitar que las limitaciones administrativas dificulten la continuidad del servicio farmacéutico en las zonas más despobladas, donde resulta más complicado encontrar profesionales dispuestos a hacerse cargo de estos establecimientos y donde el cierre de una farmacia puede tener un impacto en el desabastecimiento de medicamentos y servicios para la población del municipio.
Otra de las novedades en materia de sanidad de este Anteproyecto es la modificación de la Ley 6/1988, de 22 de junio, de ordenación farmacéutica de la Comunidad Valenciana, que busca incluir las unidades de radiofarmacia como unidades asistenciales.
El cambio atribuye a la Conselleria de Sanidad la competencia para autorizar estas instalaciones y determina que deberán estar dirigidas por especialistas de radiofarmacia, además de disponer de programas de garantía de calidad y mantenimiento de los equipos y dependencias utilizados para su actividad.
Asimismo, la reforma actualiza el catálogo de establecimientos a través de los cuales puede prestarse atención farmacéutica en la región e incorpora las unidades de radiofarmacia junto a los servicios farmacéuticos hospitalarios, sociosanitarios y penitenciarios.
La Ley de Acompañamiento también recoge la ampliación de la estructura del personal especializado de la administración autonómica con la creación de cinco nuevas escalas sanitarias dentro de los futuros cuerpos de Salud Pública. Estas estarán compuestas por profesionales de Medicina Preventiva y Salud Pública, Medicina Familiar y Comunitaria, Microbiología, Medicina del Trabajo y personal técnico, con lo que se refuerza la exigencia de especialización para acceder a determinados puestos de la administración sanitaria valenciana.
Finalmente, en materia sanitaria se modificará la Ley 10/2014 de Salud de la Comunidad Valenciana, para resolver los problemas de violencia por parte de pacientes y personas usuarias y acompañantes ejercida contra el personal de los centros sanitarios. La finalidad es poner en práctica el Plan integral de prevención de agresiones en el entorno sanitario, actualizado en 2022, que contiene determinados objetivos y líneas de actuación, así como un procedimiento para la gestión de estas agresiones.
Sanidad ya anunció en septiembre que modificaría la Ley de Salud para incluir un régimen de infracciones y sanciones contra las personas que agredan al personal sanitario, con multas desde 500 hasta 60.000 euros según la gravedad de los actos.
La medida supone modificar las condiciones para la transmisión de las oficinas de farmacia en el ámbito rural y endurecer los requisitos para la transmisión de estos establecimientos, aunque introduce algunas excepciones para aquellas oficinas de farmacias que estén situadas en poblaciones de menos de 800 habitantes.
La Generalitat pretende así evitar que las limitaciones administrativas dificulten la continuidad del servicio farmacéutico en las zonas más despobladas, donde resulta más complicado encontrar profesionales dispuestos a hacerse cargo de estos establecimientos y donde el cierre de una farmacia puede tener un impacto en el desabastecimiento de medicamentos y servicios para la población del municipio.
Unidades de radiofarmacia
Otra de las novedades en materia de sanidad de este Anteproyecto es la modificación de la Ley 6/1988, de 22 de junio, de ordenación farmacéutica de la Comunidad Valenciana, que busca incluir las unidades de radiofarmacia como unidades asistenciales.
El cambio atribuye a la Conselleria de Sanidad la competencia para autorizar estas instalaciones y determina que deberán estar dirigidas por especialistas de radiofarmacia, además de disponer de programas de garantía de calidad y mantenimiento de los equipos y dependencias utilizados para su actividad.
Asimismo, la reforma actualiza el catálogo de establecimientos a través de los cuales puede prestarse atención farmacéutica en la región e incorpora las unidades de radiofarmacia junto a los servicios farmacéuticos hospitalarios, sociosanitarios y penitenciarios.
La Ley de Acompañamiento también recoge la ampliación de la estructura del personal especializado de la administración autonómica con la creación de cinco nuevas escalas sanitarias dentro de los futuros cuerpos de Salud Pública. Estas estarán compuestas por profesionales de Medicina Preventiva y Salud Pública, Medicina Familiar y Comunitaria, Microbiología, Medicina del Trabajo y personal técnico, con lo que se refuerza la exigencia de especialización para acceder a determinados puestos de la administración sanitaria valenciana.
Finalmente, en materia sanitaria se modificará la Ley 10/2014 de Salud de la Comunidad Valenciana, para resolver los problemas de violencia por parte de pacientes y personas usuarias y acompañantes ejercida contra el personal de los centros sanitarios. La finalidad es poner en práctica el Plan integral de prevención de agresiones en el entorno sanitario, actualizado en 2022, que contiene determinados objetivos y líneas de actuación, así como un procedimiento para la gestión de estas agresiones.
Sanidad ya anunció en septiembre que modificaría la Ley de Salud para incluir un régimen de infracciones y sanciones contra las personas que agredan al personal sanitario, con multas desde 500 hasta 60.000 euros según la gravedad de los actos.
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