El pleno del Consell de Generalitat valenciana ha acordado facultar a la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública y a la Abogacía General de la Generalitat para que arbitren, al amparo de la legislación vigente, las fórmulas transaccionales que consideren más oportunas para agilizar y acortar los plazos judiciales en la tramitación de las demandas relativas a las reclamaciones por mora en los pagos que se arrastran desde la crisis.
La iniciativa trata de minimizar los perjuicios económicos para los proveedores y la Generalitat, dotando a la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de los medios que le permitan alcanzar acuerdos que pongan fin a la controversia judicial y eviten, en su caso, atrasos y demoras en los procedimientos procesales.
Desde el Ejecutivo autonómico señalan que los problemas de financiación que han ido arrastrando las comunidades autónomas, a los que la Comunidad Valenciana no ha sido ajena, unido a la necesidad de mantenimiento de las prestaciones sanitarias, ha ocasionado que, durante los últimos años, la Generalitat, y más concretamente la Conselleria de Sanidad, haya ido acumulando obligaciones de pago sin que el sistema de financiación haya podido dar respuesta a esta situación.
Las deficiencias del actual modelo de financiación se traducen en una insuficiente dotación presupuestaria y en una falta de liquidez que ha conllevado y que conlleva que el pago a los proveedores se realice en plazos superiores a los deseados.
Añaden que, "si bien esta situación se ha mejorado en los últimos años (2015-2016), todavía se arrastran obligaciones contractuales que están afectando a una correcta relación con los proveedores y que se pretenden paliar con esta medida".
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