La
Generalitat Valenciana ha presentado un recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la sentencia del Juzgado de lo Social 5 de Alicante que condenaba al Gobierno a
indemnizar a los profesionales sanitarios con hasta 50.000 euros por no facilitarles materiales de protección EPI durante la primera ola de la pandemia.
El Govern sostiene que
las mascarillas y otros equipos de protección fueron guardados bajo llave porque algunos profesionales sanitarios los robaban. La recurrida es la tercera condena por hechos similares, lo que ha propiciado que tanto sanitarios como la oposición exijan la dimisión de la Consejera de Sanidad, Ana Barceló.
La Justicia
condenaba a indemnizar hasta con casi 50.000 euros a los profesionales sanitarios por su exposición al Covid-19 debido a la falta de material de protección durante la primera ola. La sentencia señala un
“incumplimiento de las medidas de prevención individual” por parte del Departamento, el cual habría significado “un grave riesgo para la seguridad y la salud de todos los trabajadores sanitarios, especialmente para el personal facultativo, por su exposición directa al riesgo de contagio que ha significado”, según dicta
la sentencia a la que tuvo acceso Redacción Médica.
El fallo añade que "se vieron en la necesidad de reutilizar batas desechables, las cuales, se enviaban a esterilización para su reutilización en la prestación de sus servicios, incluida la atención de pacientes infectados por coronavirus". Además, "no se les facilitó gorros sanitarios, ya que se estimó que no eran necesarios, al igual que las pantallas".
Los médicos piden una rectificación
Sobre la imputación del robo, el Sindicato Médico CESM sostiene que le parece "un sarcasmo, una afirmación injusta e impropia, además de constituir una falsa acusación, que la Generalitat Valenciana, excuse y justifique la falta de material, en una supuesta sustracción o robo, para su custodia bajo llave, cuando ha quedado demostrado, y es de dominio público, que durante la primera ola, los profesionales médicos, tuvieron que afrontar condiciones de trabajo penosas al desempeñar sus funciones absolutamente desprotegidos por no haber sido dotados de equipos de protección individual, EPI’s, por quien estaba obligado, su empleador, en este caso la Conselleria de Sanitat".
"Nos preguntamos si las excusas, la petición de perdón, y demás manifestaciones que el Honorable Presidente manifestó en sede parlamentaria, en las Cortes Valencianas, era meramente retórica o realmente sentida, sincera y fundada", explica el sindicato en un comunicado. Desde la organización aseguran que no pueden tolerar "semejante afrenta a los médicos en especial, y en definitiva a todo el personal sanitario, por lo injusto de acusar sin pruebas, y pretender justificar su negligencia, imputando y acusando de delitos a quien tenían la obligación de proteger, con desprecio a su salud, a su integridad y a su propia vida y la de sus familias" y, por eso, exige que proceda a rectificar públicamente. De no hacerlo, amenaza con llevar a cabo acciones legales.
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