La
Fiscalía ha archivado las diligencias de investigación penal por el caso de las
presuntas facturas irregulares del Hospital Provincial de Castellón, que denunció el gerente del centro. Las irregularidades que se denunciaban hacían referencia a expedientes de contratación y facturas emitidas en el periodo 2003-2015 con las empresas Telecso y Piaf, investigada en el
caso Gürtel por presuntamente financiar ilegalmente al Partido Popular y alcanzaban los 33 millones de euros.
El fiscal jefe de Castellón,
José Luis Cuesta, ha dado carpetazo al asunto después de que la fiscal que llevó la investigación propusiera el archivo de las diligencias al
no ver delito de prevaricación ni de malversación. Sin embargo, sí considera que los hechos denunciados pudieran constituir irregularidades administrativas incontables.
Reacción del gerente
Respecto al archivo de la causa, el gerente del centro,
Ximo Sanchís, señala que tras detectar irregularidades "que suponen una transgresión del procedimiento de contratación pública y de la ley de Hacienda Pública, entre otras normas, y que podrían ser constitutivos de delito, el
Consorci, como es su obligación ante la sospecha del mal uso de dinero público, remitió esta información a la
Fiscalía Anticorrupción de Valencia que, a su vez, la derivó a la
Fiscalía de Castellón". Sanchís reitera lo que considera su "obligación de control del dinero público y en la gestión, y el compromiso de trasladar a las entidades competentes las irregularidades que se detecten para garantizar el buen uso del dinero público, tal y como se ha procedido en este caso".
El PP pide el cese de Montón
Las primeras críticas no se han hecho esperar. El presidente de la Diputación de Castellón,
Javier Moliner, ha pedido este miércoles al presidente de la Generalitat Valenciana,
Ximo Puig, que cese de forma "fulminante" a la
consellera de Sanidad,
Carmen Montón, y que ésta pida perdón por "ensuciar" el nombre del Hospital Provincial.
El presidente de la institución provincial ha señalado que la denuncia que se formuló "a instancias de la consellera de Sanidad" era "política", pues se hizo cuando estaba próxima la fecha de las elecciones generales y "hay que enmarcarla dentro de la campaña electoral, la cual vino condicionada por la propia denuncia y los ecos que generó". Además, ha subrayado que ahora se ha demostrado que la denuncia era "falsa", ya que "no se aprecian indicios de delito" y el informe de auditoría de 2016 realizado por la Intervención General de la Generalitat "pone de manifiesto que las prácticas irregulares denunciadas continúan produciéndose".
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