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La empresa pública de Salud genera debate en Les Corts Valencianas

El socialista Manolo Mata defiende que la compañía “es una opción muy meditada y responsable”

Carles Esteve, portavoz de Sanidad de Compromís.

17 jun 2021. 13.50H
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El síndic socialista, Manolo Mata, ha defendido este jueves que la empresa pública de salud (EPS) proyectada por la Conselleria de Sanidad para asumir los servicios externalizados es "una opción muy meditada y responsable" y ha confiado en poder convencer a los socios de gobierno.

Pero Compromís y Unides Podem han reiterado su rechazo y han vuelto a apostar por la reversión directa a gestión pública del departamento de salud de Torrevieja (Alicante), prevista para octubre cuando acaba el contrato con Ribera Salud, y de forma "irreversible" siguiendo el ejemplo que se siguió en La Ribera (Valencia) hace tres años.

Así han valorado diputados de las tres 'patas' del Botànic la EPS que Sanidad -dirigida por la socialista Ana Barceló- tiene preparada en forma de proyecto de decreto-ley, aunque no ha pasado por el pleno del Consell por las discrepancias entre los socios de gobierno. Esta mercantil asumiría servicios como las resonancias magnéticas o la asistencia farmacéutica en centros sociosanitarios de la Conselleria de Igualdad.

Mata, a preguntas de los periodistas en los pasillos de Les Corts, ha insistido en que una reversión necesita de unos "parámetros para poder funcionar", recordando que los trabajadores que pasan al sector público no pueden hacerlo "en las mismas condiciones que un funcionario".

A su juicio, el 'modelo Alzira' ha demostrado que la solución es complicada de gestionar en el día a día porque se converge el personal estatutario de Sanidad con el de una empresa con condiciones laborales diferentes. También ha sostenido que la contratación de personal en la Generalitat está constreñida por leyes estatales y que esto no puede ser "una traba" para ampliar la plantilla de sanitarios.

El reto, ha subrayado, es lograr una empresa "cien por cien pública con todas las garantías públicas. "Esto solo tiene un objetivo: dar un servicio óptimo a los ciudadanos del departamento de Torrevieja; en esas claves tenemos que pensar", ha recalcado.

El también vicesecretario general del PSPV ha calificado de insólito que haya partidos en contra de la reversión a gestión pública y mientras "les parezca muy bien que una empresa privada pueda contratar a quien le dé la gana y prorrogar los contratos".

"El día de la marmota"


Como portavoz de Sanidad de Compromís, Carles Esteve ha vuelto a reclamar que la reversión sea reversible para que la Generalitat no tenga que "dar pasos atrás por ninguna situación sobrevenida". Ha urgido a la Conselleria a preparar un "plan B" para que "el 15 de octubre" el departamento de Torrevieja pase a gestión pública.

Aunque ha garantizado que en la coalición están abiertos a escuchar "cualquier alternativa", ha lamentado que "a día de hoy, nadie ha trasladado una fórmula o propuesta mejor, ni siquiera esta empresa pública".

Y se ha mostrado sorprendido de que "continúe el día de la marmota" en torno a la EPS cuando "prácticamente no hay nadie a favor: ni la oposición, ni los trabajadores, ni los sindicatos". "La sensación es de soledad de quien lo plantea", ha ilustrado sobre Sanidad.

Estefania Blanes, portavoz adjunta de UP, ha coincidido en exigir la reversión directa a partir del "modelo que funciona", el de Alzira, porque ahí cree que están las garantías de cómo actuar para evitar "errores". "La gestión directa es la mejor garantía de calidad sanitaria y laboral", ha aseverado, para garantizar que continuarán rechazando la empresa.

La oposición rechaza la eps y la reversión.


Entre la oposición, Elena Bastidas (PP) ha criticado la falta de coordinación del Botànic y ha urgido a Sanidad a "poner una solución encima de la mesa" para poder valorarla. Lo más importante, ha advertido, es "qué va a pasar con los 1.800 trabajadores de Torrevieja", porque como vecina de Alzira es consciente de "cómo se hizo la reversión" y de que "continúan las protestas".

De Ciudadanos, Mamen Peris ha lamentado que Sanidad empiece "la casa por el tejado" y se ha preguntado si es conveniente una empresa pública cuando "con el Botànic no funcionan", apuntando a Divalterra como ejemplo. Ha llamado a apostar por la colaboración público-privada como mejor fórmula en medio de una pandemia y no "crear problemas donde no los había".

Y como síndica de Vox, Ana Vega ha tachado la EPS de auténtica chapuza y ha augurado que los trabajadores de Torrevieja "se van a ir a la calle cuando tanto se les necesitan" y que tras la superación del virus vendrá "la pandemia de las listas de espera para las especialidades". "No es el momento de hacer malabares con la sanidad pública", ha resumido.

Descontento sindical


Por otro lado, los sindicatos de Mesa Sectorial de Sanidad (CCOO, Satse, UGT, Cesmcv-SAE, CSIF e Intersindical Valenciana se han concentrado este jueves ante el Palau de la Generalitat para reiterar su "absoluto rechazo" a la creación de una empresa pública de salud y han alertado de los riesgos que puede suponer para las personas trabajadoras de la Conselleria.

"Ese modelo de gestión defrauda y trunca las expectativas de laborales y estatutarios, impide la movilidad entre departamentos y crea un trato diferenciado entre profesionales, entre otras cuestiones", han denunciado los sindicatos.

En este sentido, aseguran que "habría diferencias entre los departamentos de salud y los servicios gestionados directamente por la Conselleria o a través de la empresa pública, cada uno ordenaría a su personal de forma distinta y convivirían diferentes convenios que difícilmente ofrecerán unas condiciones laborales equitativas a personas trabajadoras que realizan las mismas funciones".

Además, advierten de que esta nueva fórmula también afecta negativamente al empleo público y que se necesitará convocatorias públicas específicas que no estarían integradas en la Oferta Pública de Empleo de la Conselleria de Sanidad. Así, subrayan que "no reconvertir los puestos a plazas estatutarias implica recortar empleo público y la pérdida los principios de la investigación, docencia y difusión de conocimientos".


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