El ahorro económico de anular la sanidad universal no parece muy cuantioso, al menos en el caso de la Consejería valenciana. Según los datos aportados por la propia Carmen Montón, atender a los 30.000 inmigrantes irregulares en la Comunidad Valenciana cuesta 6,08 millones de euros, o lo que es lo mismo, menos del 0,1 por ciento del presupuesto sanitario.
Montón, en respuesta al diputado de Ciudadanos, Juan Ginés, atacó al Gobierno diciendo que el decreto 16/2012 se basaba "en un supuesto ahorro económico que no fue avalado ni acreditado por ningún informe, y no se tuvo en cuenta, además, el sobrecoste que suponía la derivación a la atención de urgencias, donde el coste es mucho superior al de la atención primaria".
Lo hizo el pasado año durante la evaluación de la entrada en vigor de la sanidad universal valenciana. "No se trata, por tanto, de una cuestión económica sino de derechos humanos, ya que miles de personas en nuestra comunidad vieron coartado el derecho universal a la salud que protege nuestra Constitución", recalcó Montón.
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