El
Colegio de Técnicos Sanitarios de la Comunidad Valenciana apelará a la vulneración de derechos y libertades en el Tribunal Constitucional mediante un
recurso de amparo para mantener a flote la institución, después de que esta sufriera un duro revés hace unas semanas. Entonces, el Tribunal
Supremo les obligaba a modificar dos puntos de sus estatutos por excederse en competencias y además tildar a sus miembros de titulados cuando no lo son.
Desde el Colegio de Enfermería de Valencia, su presidente, Juan José Tirado, explica que los afectados han leído solo una parte de la sentencia del Supremo. “No solo les han dicho que modifiquen esos dos puntos sino que les invalidan para colegiar e indican que
su inscripción como colegio profesional es nula”, matiza. A su juicio, “el colegio no puede regular una profesión porque no lo es, ellos son profesionales del área sanitaria, que no es lo mismo”.
Tirado critica también la “beligerancia” con la que se han enfrentado a ellos: “Nosotros somos ‘sus abuelos’, los que les enseñamos lo que saben; ellos fueron creados para abaratar la sanidad y al menos deberían tenerlo en cuenta manteniendo una buena relación con nosotros”, asevera. Por ello, les recomienda “que en lugar de seguir con la batalla de tener un colegio profesional,
se dediquen al asociacionismo”, sentencia. Esto lo advierte no solo por la realidad judicial por la que están pasando, sino porque “si dicen que hay que colegiarse obligatoriamente, estarían
timando a los trabajadores”, sentencia.
La pelea de la Enfermería colegial valenciana no se extiende, en cambio, al
Colegio de Higienistas Dentales de la región pues en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias de 2003 estos, al igual que los protésicos dentales, sí están reconocidos como profesión sanitaria. “La norma les da esa categoría,
otra cosa es que yo no entienda por qué, pero así es y no tenemos ningún problema con ellos”, matiza Tirado. Desde esta institución, su presidenta, Rosario Velarde, lee el conflicto “por una guerra de competencias y clasismo”. Reconoce que ellos no temen acciones judiciales contra su organización, precisamente por ese reconocimiento legal de 2003. “Lo que sí esperamos es que en cinco o diez años nos conviertan en
titulación universitaria”, matiza para apuntalar más si cabe su derecho a mantenerse en esa atalaya.
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