La Comunidad Valenciana acaba de presentar el anteproyecto de la Ley integral de reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género. A la espera de que el Consejo Jurídico Consultivo emita el informe pertinente sobre el texto, una de las decisiones del Ejecutivo es retirar la prueba psicológica previa para las personas que vayan a someterse a un proceso de reasignación sexual. Una decisión publicitada a favor de la “despatologización” que la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) considera que se debe “a que no se ha entendido el concepto”.
“Los psiquiatras estamos de acuerdo en que no se trata de una patología y, por supuesto, todo ciudadano tiene derecho a la intervención pero nuestro papel en esto es esencial”, explica Ignacio Eguiluz, secretario de la organización. “Este tipo de operaciones llevan asociadas unas consecuencias evidentes para la vida y se enmarcan en un proceso muy complicado”, añade.
A su juicio, es muy importante que se elabore un “screening psiquiátrico” que dé seguridad a todos los implicados. “En mi experiencia, solo el dos por ciento de las personas que pasan por la consulta de psiquiatría no son aptas para someterse a estos procesos”, cuenta el profesional, que matiza la garantía de que “no se cuelen enfermos mentales”. En este sentido, alaba la decisión del Gobierno vasco de mantener la evaluación psiquiátrica en estas intervenciones.
Eguiluz cuenta que ser evaluado por un psiquiatra “no es un proceso que deba ser estigmatizante”. “Se trata de una entrevista en la que se explora el estado mental, como a cualquier otra persona que venga”, matiza el especialista. Este narra que lo que invalida para la intervención “son patologías graves como la psicosis, esquizofrenia…”.
Respecto a los menores, pues la norma valenciana prevé garantizar “a las y los menores trans el acceso a tratamientos de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad y al tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado de la pubertad”, Eguiluz no les da mayor ni menor importancia que a los casos adultos. “La diferencia es que lo debe hacer un psiquiatra infantil con la colaboración, obviamente, de los padres o familiares”, asevera.
Por todo ello, el representante de SEP recomienda al Gobierno de Ximo Puig “que se replanteen apartar a la psiquiatría de estos casos”. “Las asociaciones LGTBI hacen mucho ruido sobre este tema pero tienen poco conocimiento del mismo”, sentencia recomendando que escuchen a los profesionales antes de aprobar la norma.
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