La consejera de Sanidad Universal de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón, ha explicado este miércoles que el nuevo modelo de farmacia para residencias de mayores comenzará a aplicarse en enero de 2018 de forma paulatina en tres etapas, con unas 9.000 camas asignadas en cada una de ellas, para "dar tiempo" a su correcta implantación y supondrá la creación de un centenar de puestos de trabajo, 65 de ellos farmacológicos.
Montón ha comparecido este miércoles en la comisión de Sanidad en las Cortes para explicar el programa Resi-EQIFar, un nuevo modelo de prestación farmacéutica para las personas que se encuentran en residencias de mayores, tanto públicas como privadas, que supondrá "un ahorro de casi 17,5 millones" al sistema, con los que "se podría salvar la vida a 1.944 personas afectadas por la hepatitis C", y 1,4 millones para los usuarios de las residencias privadas que ahora están pagando copago.
Esta nueva fórmula contempla que todos los residentes, unas 27.300 personas, dispondrán de una atención y seguimiento farmacoterapéutico individualizado. Los medicamentos serán adquiridos y preparados en un único punto donde se centralizará la adquisición, preparación y distribución de las dosis unitarias individualizadas a cada uno de los centros residenciales, con independencia de su naturaleza pública o privada, o su número de camas.
Este centro logístico saldrá a licitación por 10 millones y será "pionero" en Europa por el volumen de camas que atenderá, pero se basa en la compra centralizada ya existente. "No hemos inventado nada", ha señalado. El centro hará una distribución semanal de los medicamentos aunque "si es necesario se modificará" esta periodicidad.
Montón ha recalcado que el objetivo principal del nuevo sistema es que "todas las personas residentes, independientemente del centro en el que estén, sea público o privado, reciba la misma calidad en la atención farmacéutica, en las mismas condiciones y que el equipo asistencial del paciente esté coordinado". "Es decir, un modelo asistencial centrado en la persona", ha recalcado.
Así, ha explicado que este modelo contempla que todos los tratamientos sean revisados por un farmacéutico especialista para prevenir cualquier problema relacionado con la medicación; que los tratamientos se preparen en sistemas de dispensación en dosis unitarias individualizadas por paciente y que el farmacéutico participe en la valoración integral del paciente, formando parte de un equipo interdisciplinar.
"Se trata de extender el modelo público a la totalidad del sistema", ha apuntado. Por ello, ha recordado a "las voces que no acaban de entender este proyecto", que están "muy localizadas", que "el protagonismo debe ser de las personas" y "garantizar la seguridad de los tratamientos farmacológicos de todos los pacientes que ahora no están recibiendo la mejor atención".
Sobrecostes
Por su parte, el diputado del PP José Salas ha cuestionado el ahorro de 13 millones y por contra ha apuntado que costará un sobrecoste de 8 millones anuales sin tener en cuneta la inversión de la construcción del nuevo centro. Además, ha criticado que extender el modelo a las residencias privadas es "coartar las libertades de los ciudadanos" y ha cuestionado que en tres meses se pueda poner en marcha y que puedan ponerlo en marcha "sin liarla parda".
Por ello, ha cuestionado la "cara dura" de Montón por venir a las Cortes a defender este modelo que "no cuenta con el consenso ni la aprobación" del Colegio de Farmacéuticos en lugar de pedir perdón. "Los experimentos los prefiero con gaseosa y no gasolina y es muy fácil que se quemen", les ha advertido.
Del mismo modo, Juan Córdoba, de Ciudadanos, ha preguntado por los criterios que ha seguido para aplicar este cambio en el modelo y ha señalado que un ahorro económico no tiene por qué siempre repercutir en una mejora del servicio y ha cuestionado si han tenido en cuenta los puestos de trabajo que se verán afectados.
Desde Podemos, Daniel Jeffner, ha saludado esta iniciativa porque afecta a "una población vulnerable" ya que estamos en una zona de "penumbra" porque "además de que sea más o menos rentable se habla de un derecho de las personas a conservar la salud". "Lo importante no es el negocio sino la calidad y la equidad que supondrá este paso adelante", ha apostillado.
Asimismo, Mariam Campello, de Compromís, ha destacado que es una de las medidas "más valiente" de las que se ha presentado en las Cortes porque "pone a los pacientes por delante de los intereses privados", mientras que el diputado socialista Ignacio Subías ha resaltado que el nuevo modelo "busca mayor equidad y eficiencia".
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