Redacción. Valencia
El Gobierno valenciano ha solicitado al Tribunal Constitucional el levantamiento de la suspensión del Decreto Ley 3/2015, de 24 de julio, por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat.
En esta solicitud, que se sustenta en motivos de salud pública, se alude a antecedentes similares en el País Vasco y Navarra, donde se levantó la suspensión de la norma impugnada.
El pasado día 11, el pleno de Les Corts, con el apoyo de Compromís, PSPV y Podemos, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP, ya acordó pedir al Gobierno de España la retirada de su recurso ante el Constitucional que bloquea la aplicación del citado decreto.
En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, la Generalitat alega que el acceso a la atención sanitaria integral "es un derecho fundamental", que la población en riesgo de exclusión social requiere de medidas preventivas y que han de ser los poderes públicos los responsables de suprimir los obstáculos sobre los que se asienta la desigualdad.
Recuerda el Consell además que a los beneficiarios de estas condiciones de acceso al sistema sanitario "no se les atribuye la condición de persona asegurada o beneficiada del sistema nacional de salud y no generan derecho a cobertura", de modo que únicamente disponen de una tarjeta sanitaria válida en la Comunitat.
Así, se reclama el levantamiento de la suspensión "sin necesidad del transcurso de cinco meses desde que fue adoptada" porque este plazo "debe entenderse como máximo", porque es preciso que el Gobierno "aporte y razone con detalle los argumentos que justifican el mantenimiento de la suspensión" y porque su levantamiento "no generará situaciones irreversibles; más aún, todo lo contrario".
Las alegaciones de la Generalitat hacen referencia a "asuntos prácticamente idénticos" dirimidos en el País Vasco y Navarra y al hecho de que la suspensión del decreto "ha dejado sin cobertura de acceso reglado al sistema valenciano de salud a 127.000 ciudadanos".
En este sentido, se advierte de que la atención sanitaria global "pierda eficiencia" y también sobre "la posibilidad de propagación de enfermedades infectocontagiosas como el VIH, la tuberculosis, la meningitis tuberculosa y la hepatitis B".
Por otra parte, se informa de que, a 1 de noviembre, habían solicitado este tipo de acceso sanitario un total de 5.408 ciudadanos, de los cuales 2.992 están en trámites de resolución y 2.413 han sido resueltos de forma favorable.
El 90 % de tramitaciones corresponde a ciudadanos que no pertenecen a la UE, y mayoritariamente con edades entre 25 y 40 años y procedentes de Marruecos, Honduras, Ucrania, Rumanía, Bolivia y Colombia.
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