El
pleno del Consell ha aprobado el decreto que establece el marco jurídico del personal laboral que trabaja en el
Departamento de Salud de la Ribera, una vez se produzca la
extinción del contrato de gestión de servicio público por concesión.
Asímismo, ha aprobado un acuerdo en
materia retributiva que garantiza el
mantenimiento de las condiciones previas del personal subrogado tras la reversión. También se ha informado en rueda de prensa que
Isabel González será la nueva gerente del departamento sanitario.
El próximo 31 de marzo de 2018 finaliza el contrato entre la C
onselleria de Sanidad Universal y la empresa
Ribera Salud para la gestión de los servicios públicos por concesión administrativa en el departamento de salud de La Ribera.
Los problemas jurídicos del decreto del personal de La Ribera
El
Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana cuestionó recientemente el proyecto de decreto con el que la Consejería de Sanidad pretende regularizar la situación de los casi
1.500 trabajadores de Ribera Salud para integrarlos en la sanidad pública tras finalizar el contrato el próximo 31 de marzo. El CJC aprueba la fórmula de subrogación escogida por la Conselleria de Sanidad, pero
no la forma de aprobarlo.
El documento indica sobre la norma elaborada por el departamento de la que es titular Carmen Montón que “
Sanidad no debería regular la subrogación del personal a través de la fórmula del decreto”. El CJC considera que la subrogación del personal y las condiciones con las que se realiza
no pueden ser incluidas en una norma de este rango al derivar las posibles reclamaciones al contencioso administrativo y no a lo social. Como solución, el CJC propone la
creación de una sociedad pública mercantil.
Los sindicatos, preocupados por la situación de los trabajadores tras la reversión
El
sindicato CSIF ha expresado su
“preocupación” por el contenido del decreto que ha aprobado el Consell sobre los efectos de la extinción del contrato por concesión del Departamento de Salud de la Ribera en materia de personal. La central sindical apunta que
“estudiará con detenimiento el decreto” por si provocara
perjuicios al interés general o a los trabajadores, y que, si así fuera, podría iniciar las acciones legales pertinentes.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha recordado que en la mesa sectorial de Sanidad se manifestaron favorables al decreto todos los sindicatos salvo CSIF, la central sindical ya alertó de la posible
inseguridad que generaría su aplicación. Esta decisión del sindicato fue
refrendada por el informe del Consell Jurídic Consultiu del pasado 7 de marzo.
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