El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) y los colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia, han expresado en un comunicado "su rechazo a las pretensiones de privatización de parte del sistema sanitario público en beneficio del servicio privado de las oficinas de farmacia en clara connivencia entre este y la Consejería de Sanidad.
Así se lo han subrayado a tenor de lo expresado en la inauguración este jueves en Alicante del II Congreso de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana en la cual ha estado presente la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón.
"Una privatización que ya se ha empezado a llevar a cabo con la puesta en marcha del programa Domi-EQIFar, lo que contrasta y resulta un contrasentido con la satisfacción expresada por la propia consellera por la vuelta a la gestión pública del Hospital de Alcira, cuando aquí de lo que se trata es de una externalización de servicios de lo público a lo privado", afirman.
En este sentido, desde la Organización Colegial de Enfermería de la Comunidad Valenciana afirman que "queremos llamar la atención sobre el hecho de que la pretendida universalidad y accesibilidad del sistema sanitario público hace aguas con este tipo de medidas que suponen que se deje de contar con las enfermeras y médicos del sistema sanitario público en beneficio del sector privado de las oficinas de farmacia".
Además, prosiguen, "vemos cómo se cuenta en dicho programa en varias ocasiones con la presencia de representantes de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria, cuando dicha “Farmacia Familiar y Comunitaria” no existe como tal".
"Resulta llamativo también que mientras que las enfermeras tienen su principal ámbito de actuación en la Atención Primaria realizando actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, contando además con una especialidad específica en este campo, la de Enfermería Familiar y Comunitaria, la autodenominada “farmacia comunitaria asistencial” es un movimiento que carece de respaldo legal alguno y de competencias propias y detrás del cual lo que hay es un objetivo mercantilista puro y duro",concluyen.
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