La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a
dos años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como a una multa de seis meses con cuota diaria de 30 euros, a un hombre que ocupó el puesto de
director de Marketing y Comunicación en el Colegio de Protésicos Dentales de Valencia y Castellón. Se le imputa el delito continuado de falsedad en documento mercantil de los artículos 248.1, 250.1.50, 392.1, 390.1, 74.2 y 77 del Código Criminal de reparación del daño como muy cualificada, prevista en el artículo 21.5 del Código Penal.
Según los antecedentes de hecho narrados en la resolución a la que ha tenido acceso
Redacción Médica, el acusado trabajó en el
Colegio de Protésicos Dentales desde el 1 de febrero de 2004 dirigiendo el área de Marketing y Comunicación, por lo que era encargado de organizar los congresos que se efectuaban cada dos años por cuenta de la institución en la ciudad de Valencia. Entre sus labores estaba contactar con casas comerciales y gestionar las publicaciones buscando patrocinadores para la revista.
Así, entre los años 2010 y 2018,
emitió facturas a su nombre y cobró importes de alquiler de mesas expositoras y de publicidad. Para no ser descubierto, entregó al área contable del Colegio duplicados de las facturas emitidas modificando el concepto de los servicios prestados; beneficiándose en más de 40.000 euros entre enero de 2010 y diciembre de 2014 y más de 73.000 euros entre enero de 2015 y diciembre de 2018.
Suspensión de la pena privativa
El documento también indica el acuerdo de suspensión de la pena privativa de libertad por el periodo de dos años, condicionado a que durante este tiempo el acusado no vuelva a delinquir. Además, consta que antes de iniciar el juicio oral,
el acusado indemnizó al Colegio en la cantidad que se reclamaba en concepto de Responsabilidad Civil.
Por su parte, el
Colegio Profesional de Protésicos Dentales de la Comunidad de Madrid presentó ante el Juzgado de lo Penal Nº 31 de Madrid un recurso de reforma que fue rechazado ya que el derecho fundamental impide castigar doblemente por un mismo delito, tal como detalla la resolución.
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