Los servicios jurídicos del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) y de los colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia están estudiando la impugnación de la resolución de la Consejería de Educación y de Sanidad con las instrucciones y orientaciones de atención sanitaria específica en centros educativos para regular la atención sanitaria al alumnado con problemas de salud crónica en horario escolar, la atención a la urgencia previsible y no previsible, así como la administración de medicamentos y la existencia de botiquines en centros escolares.
La resolución fue publicada en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOCV) este lunes y según ella "la atención sanitaria de los alumnos de los centros escolares recae en el personal docente en vez de en personal sanitario perfectamente capacitado y cualificado para ello como es el personal de enfermería", señala el Cecova en un comunicado.
Así, la organización colegial cree que "llama poderosamente la atención la redacción de diferentes apartados de esta resolución que hay que valorar si suponen intrusismo profesional por parte de los docentes y si se están manejando datos, y cómo se está haciendo, que la ley que regula la protección de datos considera que deben tener la mayor protección, como son los datos de carácter sanitario de los ciudadanos".
El Cecova ha mostrado su "perplejidad" ante la redacción de la norma en diferentes puntos como en los que indica que es necesario "orientar al personal del centro educativo sobre la forma de actuar ante una urgencia sanitaria previsible o no previsible y sobre la administración de medicamentos de manera que, mediante la aplicación del presente documento, se atenúe la incertidumbre y se dé apoyo al personal sobre las responsabilidades de auxilio y acompañamiento".
Asimismo, la Resolución expresa que ante una situación de urgencia sanitaria "la persona del centro educativo que esté presente en ese momento deberá hacerse cargo de la primera actuación y seguir el procedimiento establecido a continuación y que estará incluido en el Reglamento de Régimen Interior del centro".
La organización colegial ve "un verdadero despropósito que se quiera dar al personal docente la responsabilidad de actuar ante una urgencia sanitaria de un alumno y la de crear y manejar ficheros con información tan sensible y personal como es la de carácter sanitario", por lo que estudian la impugnación de la norma.
Critica también que ha sido elaborada "al margen de los profesionales sanitarios, sin audiencia pública, con opacidad y nula transparencia, ya que cuando se anunció la medida no se tenía acceso al contenido de la misma" y se muestra "totalmente en desacuerdo con el modo en que se ha gestado", al tiempo que "recuerda a la Administración que el papel de la enfermera escolar es fundamental en el seguimiento y control de enfermedades como la diabetes, asma o alergias".
A su juicio, "se está primando la economía a la debida protección de los ciudadanos" porque "en la propia exposición de motivos de la resolución se reconoce la ausencia en plantilla de personal sanitario en los centros educativos y se pretende paliar la misma trasladando a los maestros la responsabilidad de asumir funciones que nuestros servicios jurídicos están estudiando si pueden ser asumidas por ellos o si deben serlo por enfermeras escolares que deberían incorporarse a las plantillas".
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