El Tribunal Supremo, en una sentencia emitida por la Sección Cuarta, anula de manera definitiva el decreto 136/2014, de 8 de agosto, que obligaba al personal sanitario a jubilarse, de manera forzosa, a los 65 años. La resolución ratifica la sentencia previa dictada el 26 de febrero de 2016 por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.
La Sala Contencioso-Administrativa, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo considera “inconsistente” el recurso de la Generalitat y respalda la sentencia del TSJ al refrendar que “su motivación no es en modo alguno insuficiente”. Desestima el argumento de la Generalitat, le recuerda que no tiene opción de recurso de casación y le impone 3.000 euros en costas procesales. El CSIF, que había interpuesto el recurso, calcula que son más de 300 los facultativos afectados a los que Conselleria de Sanidad tendrá que readmitir y abonar salarios no pagados.
La sentencia del TSJ de febrero de 2016 anulaba los artículos que, en el decreto 136/2014 de 8 de agosto, establecen la jubilación forzosa del personal estatutario de Consejería de Sanidad. En su resolución confirmaba el dictamen previo del Consell Jurídic Consultiu al señalar que “el Gobierno valenciano no está habilitado para regular un “derecho” a la jubilación, como tampoco un “derecho” a la prolongación de la actividad”.
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