Ataque visceral de Montón a Ribera pidiendo datos que no exige la ley

La consejera de Sanidad, Carmen Montón, ha asegurado que "cuando la sanidad privatizada por el Gobierno del PP revierta a la gestión pública directa habrá beneficios" que no se reflejarán en ningún balance pero que "se llaman rentabilidad social" y entroncan con las "convicciones" del actual Consell. Montón ha comparecido en el pleno de Les Corts a petición propia y del PP para explicar las consecuencias de la resolución de las concesiones sanitarias en la Comunidad Valenciana.

La recuperación de la sanidad privada es "un compromiso del pacto del Botánico y forma parte del programa de los partidos votados por la ciudadanía", según la consejera. "Es un compromiso y una convicción de que el sistema público es más eficiente y equitativo, un símbolo de la apuesta por devolver a la ciudadanía lo que le pertenece", ha agregado.

El modelo, auditado ahora "en profundidad", constata que "hubo relajación a la hora de cerrar los ejercicios económicos", motivo por el cual se ha detectado una deuda de las adjudicatarias con el servicio público superior a los 260 millones de euros. Asimismo, ha respondido que estos informes se encuentran en fase de alegaciones, que "no es sencillo revisar algo que nunca ha sido auditado" y que se está haciendo "arqueología financiera" en "una maraña de contratos y anexos".

Lo que ha olvidado la consejera Carmen Montón es que esas cuentas nunca se han auditado porque no  había obligación de hacerlo ni la empresa tenía por qué dar esos datos. Como señaló Ricardo Campos Fernández, subsecretario de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana: “Se cuestiona si se van a mantener las mismas condiciones laborales y pregunto: ¿qué condiciones tienen? Porque no podemos saberlo, según la Ley de Protección de Datos”. Es decir, que el grupo Ribera Salud solo se ciñó a la legalidad vigente, acordada con la Administración.