Redacción. Madrid / Valencia
Los programas electorales aguantan todo, porque se escriben sobre papel, pero la realidad del gobernante luego es otra. Las concesiones hospitalarias van a resistir la embestida del primer ímpetu de los nuevos gobiernos porque sus cimientos son sólidos, y se basan en cinco pilares.
Lo ha comprobado en primera persona la consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, Carmen Montón, una política de la nueva hornada del PSOE, que a pesar de su juventud viene curtida ya en batallas en el Congreso de los Diputados, defendiendo principalmente la Igualdad frente a la bancada ‘popular’. Montón, que forma parte de un gobierno autonómico multipartito, ha estudiado durante estos meses las posibilidades de devolver la gestión pública a las concesiones. Tras un concienzudo análisis con su equipo ha llegado a la conclusión que este miércoles expuso a los alcaldes de la Marina Alta, en Alicante: “El rescate no es posible”.
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Carmen Montón (a la derecha), con los alcaldes de la Marina Alta, en Alicante, este miércoles.
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Y no lo es por cinco motivos.
Primero, por lógica gobernante, que no siempre es la misma que la lógica política. La nueva Generalitat Valenciana no sabe si este modelo es ‘tan malo’ como ha venido denunciando cuando era oposición. No se fía de los datos dados por los ejecutivos de Francisco Camps y Alberto Fabra, por lo que el primer paso -como ha reconocido la propia Montón- es hacer una auditoria, comprobar con sus ojos si funcionan o no.
"Las concesiones hay que evaluarlas y luego decidir", decía en julio a este diario Rafael Bengoa, ideólogo del programa sanitario que llevará el PSOE a las próximas Generales del 20 de diciembre.
El segundo motivo es jurídico. Las concesiones están sujetas por unos acuerdos firmados en su momento por los ejecutivos anteriores, y no se puede llegar de la noche a la mañana y deshacerlo ‘por decreto’. El PSOE, que ha estado acusando al PP de gobernar en sanidad a base de decretazos (como el famoso 16/2012 de Ana Mato), no se puede permitir ese lujo político. “Si no se cumplen los contratos de esa manera estricta después puede haber consecuencias”, dijo este miércoles Montón a estos alcaldes alicantinos.
Tercero.
La satisfacción del paciente. Por ahora, los hospitales en modelo de concesión están cumpliendo con sobresaliente esta máxima. Y lo están haciendo desde el prisma no solo de la Administración, sino de organismos independientes como pueda ser la Universidad Miguel Hernández de Elche, que hasta ahora ha sido la encargada de realizar las encuestas en el caso, por ejemplo, del Hospital de La Ribera en Alzira (Valencia). En 2014, el 92,47 por ciento de los pacientes de este departamento de Salud (que engloba Atención Primaria y Especializada) estaba ‘satisfecho’ o ‘muy satisfecho’ con la atención, un porcentaje alto y con un crecimiento de 7,13 puntos con respecto a 2012 y de más de 10 puntos desde el año 2008. Tocar algo que está funcionando en opinión del paciente parece difícil de justificar para un gestor.
Otro argumento muy importante para mantener las concesiones es el dinero que debería desembolsar la Administración si quisiera deshacer los contratos. Como es lógico cuando una empresa arriesga su capital (muchas veces pedido a bancos a través de complicados créditos) tiene que tener una seguridad de que las normas del juego no se puedan cambiar de la noche a la mañana. Por eso se establecen penalizaciones con la que compensar pérdidas económicas, de empleos, de inversiones… En Madrid, sin ir más lejos, el PSOE (con el apoyo de Podemos y la abstención de Ciudadanos), ha hecho recientemente un amago electoralista (su proposición no era ni vinculante) para revertir la concesión del Hospital de Villalba. La realidad le ha demostrado que en ese caso, por lo menos, la Administración que lo hiciera debería pagar como mínimo 500 millones por penalización. Si se está hablando de eficiencia y de no derrochar el dinero público, un gobierno tiene complicado justificar este gasto ante la ciudadanía, más si la satisfacción del paciente con la gestión del centro es alta.
Y el quinto motivo. El PSOE también cree en el modelo concesional (o al menos en no revertirlo), aunque lo haya denostado en los últimos años como arma electoral frente al Partido Popular. No lo tocó en Cataluña durante los gobiernos del PSC de Maragall y Montilla. Apoyó al PP en el Congreso de los Diputados en los noventa para que saliera adelante la Ley de Nuevas Formas de Gestión. Luego es verdad que en programas electorales y en votaciones parlamentarias que sabían que iban a perder han incluido y pedido lo contrario, pero el componente histórico de la relación socialista con este modelo no tiene un balance netamente a favor de la gestión directa.
Con estos antecedentes y esta realidad que se ha topado el nuevo PSOE, personificado en Carmen Montón, el escenario que queda simplemente es el de un control más exhaustivo (si cabe) de las concesiones. A Montón le presiona para ello en Valencia su socio Compromís, por el famoso ‘Pacte del Botànic’ que incluye “devolver la sanidad a lo público”. Por el momento, los nuevos gobiernos que en sus programas electorales llevaban ‘rescatar’ las concesiones se tienen que conformar con que el paciente, que al final es el que debe contar, en la mayoría de los casos no distingue si está entrando en un hospital de gestión directa o mixta. Lo que le importa es que le atiendan bien.
ENLACES RELACIONADOS:
Rafael Bengoa: “Las concesiones hay que evaluarlas y después decidir” (26/05/15)