El futuro de los trabajadores del ‘modelo Alzira’ bajo la figura de indefinidos laborales no fijos una vez que el Gobierno valenciano asuma la gestión directa del centro, no asegura la estabilidad laboral de estos. Así lo afirma el jurista Ricardo De Lorenzo, que explica a Redacción Médica que dicha figura “no existe normativamente”, sino que se trata de “una creación jurisprudencial que responde a situaciones de fraude de ley” a la que previsiblemente accederán a partir del 1 de abril de 2018, fecha de la reversión.
El socio-director de De Lorenzo Abogados matiza que se producirá una “amortización” y por lo tanto, la pérdida del puesto, cuando se convoquen las oposiciones. De Lorenzo explica que la convocatoria de estas es obligatoria porque de otra forma, “la Administración estaría vulnerando los derechos de acceso a la función pública por el sistema de mérito y capacidad”.
Esta vulneración se sumaría a un incumplimiento de “la legislación pública presupuestaria”, ya que supondría un aumento de la plantilla neta, “prohibido por todas las Gerencias en cualquier administración pública”. Este aumento de plantilla, que supondría un aumento en el presupuesto, debería ser, a su vez, aprobado por el Ministerio de Hacienda.
Lo que sí parece seguro es que, dada la normativa más reciente, el proceso de bajas se ceñirá “al procedimiento de despido colectivo y se indemnizará con 20 días por año de servicio por un máximo de 12 mensualidades”.
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