Redacción. San Sebastián.
El grupo de Podemos-Ahal Dugu en las Juntas Generales de Guipúzcoa ha solicitado la creación, por parte del Gobierno vasco, de un Observatorio del Derecho a una Muerte Digna que "evalúe y supervise el cumplimiento" en País Vasco "de las medidas incluidas en la legislación estatal y autonómica", con el objetivo de conocer "el grado de satisfacción de los ciudadanos" y "la efectividad real" de los derechos que éstos tienen al final de su vida.

Juantxo Iturria, portavoz en las Juntas Generales de Gipuzkoa

En el texto registrado se insta a la Comunidad Autónoma del País Vasco a proponer "al Estado Español la reforma del artículo 143.4 del Código Penal de forma que quede exento de pena quien mediante actos necesarios o de cooperación activa facilite la muerte digna y sin dolor a una persona que lo solicita de forma expresa, libre e inequívoca, en caso de enfermedad grave o padecimientos permanentes e insoportables".

Asimismo, se emplaza al Gobierno vasco a "intensificar la difusión de la existencia del testamento vital o voluntades anticipadas para su incorporación automática al historial clínico del paciente", así como a "programar una formación continuada específica sobre la muerte digna y la enfermedad terminal" orientada a los profesionales sanitarios y no sanitarios del ámbito de la atención especializada, atención primaria, equipos de cuidados paliativos y de los comités de ética del Servicio de Salud de Osakidetza.

Por otro lado, en su propuesta Podemos plantea impulsar un Programa de cuidados paliativos en la infancia y adolescencia y a potenciar los cuidados paliativos en País Vasco para "garantizar una atención de calidad científica, técnica y humana, respetuosa con la biografía y la voluntad de cada persona".

En cuanto al Observatorio del Derecho a una Muerte Digna, ha explicado que "velaría por el cumplimiento efectivo de la normativa existente en este ámbito, al objeto de mejorar la asistencia al paciente y el respeto a sus voluntades, para garantizar su dignidad en el proceso final de la vida".

A ello ha añadido que también "evaluaría los procesos, la difusión de información, el grado de satisfacción ciudadana y las mejoras que se deban poner en marcha para hacer que de verdad el proceso de la muerte sea lo más digno posible".