El
Gobierno vasco ha estallado contra el Ministerio de Sanidad ante la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que
los enfermeros no pueden vacunar sin "prescripción médica previa" personalizada.
El consejero de Salud del Gobierno Vasco,
Jon Darpón, ha exigido que Sanidad "modifique el "error" que supuso el llamado
Real Decreto "de prescripción de enfermería". En este sentido, ha criticado duramente que el Ministerio esté "parado" mientras las Comunidades Autónomas "tenemos un problema con este asunto".
La sentencia del TSJPV ha confirmado la suspensión de la instrucción de Osakidetza que obligaba a los enfermeros a administrar vacunas sin necesidad de prescripción médica.
El consejero ha resaltado que el Gobierno vasco tiene recurrido el Real Decreto ante los tribunales y ha arremetido que "
no ha dado más que problemas jurídicos, de práctica diaria y de relación indispensable de trabajo en equipo entre médicos y enfermeros".
Asimismo, ha recordado que han sido reiteradas las peticiones a Sanidad para que modifique este normativa que tilda de "errática" y "facilite lo que la mayoría de las Comunidades Autónomas pedimos: seguridad jurídica para nuestro personal", de manera que sigan desarrollando las funciones que siempre han tenido".
Posible recurso al TSJPV
"Parece
un contrasentido que tengamos al Ministerio parado y todas las Comunidades Autónomas con un problema. Igual lo que hay que cuestionarse es si tiene sentido que el Estado tenga un Ministerio de Sanidad", ha afirmado Darpón.
El consejero ha adelantado que los servicios jurídicos del Gobierno vasco estudian un posible recurso a la resolución del TSJPV, emplazando a la
ministra de Sanidad,
Dolors Monserrat, a que se "defina" en este asunto. Le ha instado a que "si cree que en el calendario de vacunación infantil o en la campaña de vacunación antigripal el método a seguir es que todos los pacientes pasen una consulta administrativa antes de acudir a la sala de vacunación del personal de enfermería".
Ya que la campaña de vacunación antigripal está formada por unas 360.000 personas entre mayores de 65 años y pacientes que conforman los denominados grupos de riesgo. Darpón le pregunta a la ministra si ve "lógico que estas personas tengan que pasar por las consultas de médicos de familia para acreditar su edad antes de vacunarse".
El máximo responsable del Departamento de Salud vasco ha explicado que con la instrucción de Osakidetza anulada se pretendía garantizar la seguridad jurídica del personal de enfermería en el desarrollo del trabajo que viene realizando desde hace más de cuarenta años.
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