Redacción. Vitoria
Osakidetza deberá realizar antes de febrero del 2016 una evaluación de Riesgos Psicosociales general en todos los centros del Servicio Vasco de Salud, 321 centros de salud y 16 hospitales, tras la reciente contestación de Inspección de Trabajo a una denuncia de UGT, realizada hace un año.

Jon Etxeberría, gerente de Osakidetza.

Según ha informado UGT-Euskadi, se mantiene firme en exigir a Osakidetza acciones encaminadas a llevar a cabo una actividad preventiva "real y contundente" para evaluar y minimizar los riesgos psicosociales para sus 35.000 trabajadores, riesgos "potenciados" por los recortes aplicados en Sanidad.

Responsables de Salud Laboral de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT-Euskadi han señalado que en los 20 años en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) Osakidetza no ha hecho una evaluación general de riesgos psisociales inicial, obligación que tienen todas las empresas.

"No estamos dispuestos a que de un incumplimiento reiterado de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por parte de los responsables de Osakidetza se derive un riesgo para la salud de sus trabajadores", han advertido.

La ley obliga a hacer una evaluación de riesgos psicosociales inicial y cuando se producen cambios organizativos importantes, como los que se han dado en los últimos años, fruto de los recortes de plantilla y la no sustitución de bajas, con un "importante aumento de la carga y de los ritmos de trabajo", ha destacado el sindicato.

Desde la publicación de la Ley de PRL, el 8 de noviembre de 1995, UGT ha pedido en las distintas mesas de negociación que se evaluaran los ritmos y cargas de trabajo, con respecto a los puestos, teniendo en cuenta la perspectiva de edad, con más de la mitad de la plantilla supera los 50 años, y desde la perspectiva de género, en un servicio público donde el 80 por ciento de trabajadoras son mujeres.

 "Datos tan significativos como los altos porcentajes de  rotación de personal, solicitudes de movilidad y adecuación de centros de trabajo, no han sido suficientes para que los altos responsables de Osakidetza hayan cumplido con su obligación legal de evaluar los riesgos psicosociales", ha concluido.