El
informe de la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, cita a declarar a
10 testigos para que la Justicia pueda determinar si se produjeron o no irregularidades en varias categorías de las OPE médicas de Osakidetza. En el documento, al que ha tenido acceso
Redacción Médica, destaca que una de las citadas sea
María Jesús Múgica,
exdirectora de Osakidetza, que dimitió de su cargo en noviembre de 2018 tras levantarse la
polémica de los exámenes.
Entre los primeros citados se encuentran
Marta Macho González,
médico anestesista, que aseguró que "las plazas no se van a dar de forma
objetiva", en las pruebas de
Anestesiología y Reanimación. Unas afirmaciones que son contrastadas por
Manoel Martínez Vázquez, facultativo anestesista que también ha sido citado.
María Teresa Iruretagoyena, directora del
Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), es otra de las que la Fiscalía ha decidido llamar a juicio, dado que era a ella quien designó el equipo que se encargaba de la elaboración de los exámenes teóricos de respuesta alternativa de la OPE. Para ello designó, entre otros a
Fulgencio Aledo, subdirector de Selección y Formación. A pesar de ello, Iruretagoyena esgrime en su declaración que "quien finalmente y en realidad designaba a las personas que elaborarían el examen, en las pruebas especialistas médicas fue la
dirección de Osakidetza".
En las pruebas de
Cardiología, quien se encargó de elaboración del primer examen fue
Ángel Antonio de Loma Osorio, cardiólogo y miembro del tribunal. Fue designado por el IVAP, previa designación de Osakidetza, según se recoge en el informe. En su declaración asegura que en ese primer examen aprobaron todos y pidió que del segundo se encargara directamente el
IVAP. El segundo examen tuvo numerosos aprobado con la nota máxima, un hecho que motivó una reunión de todo el
tribunal y en el que él e
Izaskun Obieta, médico de Osakdietza y miembro del tribunal y citada por la Fiscalía, votaron en contra de validar los resultados. Además, la fiscal también cita a
José Javier Urréjola, anestesiólogo,
Roberto Sánchez, anestesista que denunció las irregularidades, y
Javier Nicolau Expósito, médico y denunciante.
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