De los doce magistrados que tiene el
Tribunal Constitucional, siete votaron a favor de anular la norma vasca que garantiza el acceso universal a la sanidad, una vez que se certifiquen tres meses de empadronamiento en Euskadi, pero cinco de ellos se mostraron contrarios a la decisión.
El magistrado
Antonio Narváez Rodríguez ha emitido un voto discrepante. Sostiene que «la Comunidad Autónoma del País Vasco
tiene capacidad de ampliar el ámbito de las prestaciones sanitarias». Por otro, Juan Antonio Xiol Ríos, Fernando Valdés Dal-Ré, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer Callejón han redactado de forma conjunta su posición contraria al conflicto de competencias planteado por el Ejecutivo central.
Estos cuatro jueces señalan que como «el Sistema Nacional de Salud ha dejado sin cobertura a determinados colectivos, el mínimo estatal, antes universal,
resulta ahora susceptible de mejora por las comunidades autónomas». Además, afirman que con la anulación de la norma vasca (la de Navarra también ha sido derogada) «se socava una consolidada doctrina constitucional sobre las competencias normativas compartidas en un Estado de estructura plural».
El Gobierno Rajoy recurrió ante el Constitucional el decreto vasco, también defendido por el Gabinete Urkullu. Este decreto fue aprobado en 2012 por el Ejecutivo vasco, liderado por el socialista Patxi López, para contrarrestar el firmado por la entonces ministra Ana Mato que se conoce como
‘el nuevo copago farmaceútico’.
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