Frenazo a la subida salarial extra de médicos y enfermeros por el IPC

Este martes se ha reunido la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la que, tal y como ha podido saber este diario, los sindicatos han propuesto una subida salarial del 10 por ciento para el próximo año para todo el personal público, entre ellos, los profesionales sanitarios de Osakidetza.

Lo que en la cita de hoy el Gobierno Vasco ha planteado en la Mesa General es que se va a cumplir con el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, que firmaron los sindicatos UGT y CCOO con el Gobierno de España. Pero, los sindicatos han querido ir más allá planteando un incremento en la retribución de los sanitarios de hasta dos dígitos porcentuales.

No obstante, tal y como explican desde las centrales sindicales, Lakua se ha ‘amarrado’ a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), recalcando que toda subida de sueldo del personal público debe estipularse en dicha norma. “Entendemos, y así lo hemos explicado, que aquellas administraciones con capacidad para subir esa mejora pueden hacerlo”, comenta Iñigo Garduño, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Euskadi, en relación al acuerdo que adoptaron sindicatos y Gobierno central el año pasado.

Tal y como explican desde CCOO Euskadi, esa subida del 10 por ciento se ‘justifica’ por las alteraciones que el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha tenido durante estos años entre los trabajadores de la Administración Pública en general y de Osakidetza en particular. “Acumulamos en un año la subida del IPC previsto del año siguiente y lo que hemos dejado de percibir por culpa del IPC”, incide Garduño.

El sindicato LAB, por su parte, denuncia mediante una nota de prensa que los servicios públicos han empeorado considerablemente y que las condiciones laborales están empeorando constantemente durante estos últimos años. Además, a raíz de la pandemia surgida por el Covid-19, desde LAB afean al Gobierno Vasco haber “guardado” 10.000 millones de euros del superávit en lugar de invertirlo en las mejoras sociales.

Auditoría para compensar pérdidas pasadas

Por otro lado, las organizaciones sindicales también han solicitado a los representantes del Ejecutivo vasco un “reconocimiento de la deuda”. Es decir, que las centrales lo que buscan es hacer una especie de auditoría para calcular “cuánto se ha dejado de percibir durante estos años”. “Que el Gobierno Vasco reconozca que tiene esa deuda y que se pacte de alguna manera para que se recupere esa cantidad mediante alguna fórmula espaciada en el tiempo”, recalca Garduño.

La reunión de este martes ha estado presidida por el viceconsejero de Función Pública, José María Armentia; acompañado por el director de Función Pública, Juan María Barasorda; el director de Relaciones Laborales, Jon Agirre; y la directora del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), Maite Brruetabeña.