Los trabajadores de la concesionaria del servicio de ambulancias de la Red de Transporte Sanitario de urgencia del 112 y Emergencias Osakidetza se han manifestado en Bilbao para denunciar los “conflictos graves” que se están produciendo en la unión temporal de empresas (UTE) que ostenta la licitación de la prestación Larrialdiak-Eulen.
Los empleados han partido de la sede del Departamento de Salud y se han dirigido hasta el Gobierno vasco en una movilización encabezada con una pancarta en la que se podía leer "Larrialdiak-Eulen incumple. Gobierno consiente. Ambulancias en lucha".
El comité de empresa, compuesto por los sindicatos LSB-USO, ESK, ELA y LAB, ha denunciado con esta movilización, a la que también se han sumado representantes de CCOO y Satse, que, desde que se adjudicó el servicio a la UTE se están dando una serie de “problemas” que les ha empujado a manifestarse.
Turnos excesivos y pagos irregulares
"Trabajadores con turnos de 48 horas cuando no hay relevo", es una de las quejas expresadas por un portavoz de LAB, que apostilla que eso "es algo continúo”.
“Es un trabajo que, ya de por sí, tiene una carga de estrés grande, que se ve incrementado por todos los problemas que ocasiona esta empresa, que abusa vilmente de los contratos en prácticas", añade.
Asimismo, ha denunciado que, en algunas ocasiones, se "ha prohibido coger la baja" a trabajadores y también algunos cambios de guardia entre empleados.
LAB ha indicado que han mantenido una reunión con el Gobierno vasco para explicarle la situación y denuncia que el Ejecutivo "mira para otro lado". "Las ambulancias están en un estado pésimo, las revisiones no se hacen, hay ambulancias con problemas con los frenos", asevera. Otras de las quejas atañen a modificaciones en el calendario laboral y el abono "incorrecto" de los salarios.
Por todo ello, los trabajadores han exigido al Gobierno vasco que “de manera inmediata” supervise el cumplimiento del contrato con la concesionaria Larrialdiak-Eulen e intervenga en el conflicto dado que, en su opinión, la situación “está poniendo en peligro la estabilidad de un servicio público insustituible para los ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca".
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