El portavoz del Gobierno Vasco,
Josu Erkoreka, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico "ha hecho todo lo que podía hacer" desde el ámbito administrativo para esclarecer las
presuntas irregularidades en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de Osakidetza, y que ahora es la
Fiscalía la que ha de decidir si adopta medidas judiciales en relación con este asunto.
Erkoreka, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha defendido la investigación interna realizada por Osakidetza en torno a las presuntas irregularidades en su última OPE, que han sido
denunciadas por varios sindicatos ante los tribunales de justicia.
El Servicio Vasco de Salud ha concluido que "no hay pruebas" sobre la existencia de "responsabilidades individuales" en relación con las supuestas irregularidades, si bien ha decidido abrir un
expediente disciplinario a seis miembros del tribunal evaluador de los exámenes de Traumatología por una "irregularidad procedimental", y ha optado por introducir cambios en los procedimientos de las oposiciones.
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El Servicio Vasco de Salud concluye que "no hay pruebas" sobre la existencia de "responsabilidades individuales"
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El portavoz del Gobierno vasco ha asegurado que la Administración autonómica ha actuado con todos los instrumentos y en todas las instancias "a su alcance" para responder al "desafío" planteado por las denuncias sobre irregularidades en las oposiciones de Osakidetza.
"Hemos llegado hasta el final"
De hecho, ha asegurado que
la investigación realizada "no tiene precedentes" en proceso selectivo alguno en todo el Estado español. La información recabada "es la máxima de la que puede disponer una administración pública", dado que, a diferencia de las instancias judiciales, una institución administrativa "no puede intervenir llamadas o correos electrónicos".
En la misma línea, ha reiterado que el gabinete de
Iñigo Urkullu y Osakidetza han hecho "lo que se podía hacer" y
han llegado "hasta el final" en la investigación interna sobre este asunto.
Aunque ha asegurado que "entiende" que ciertos sindicatos puedan discrepar de la forma en la que se ha gestionado este asunto, ha considerado que "no caben reproches" a la actuación del Gobierno.
Una vez cerrada la investigación interna, la información obtenida será remitida a la Fiscalía. El portavoz del Ejecutivo ha explicado que ahora es el Ministerio Público el que deberá decidir, "con absoluta libertad", si adopta medidas judiciales en relación a las supuestas irregularidades en la OPE.
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