Redacción. Vitoria
El Gobierno central ha recurrido la implantación de la semana laboral de 35 horas para los 70.000 empleados dependientes de la Administración vasca. La Abogacía del Estado ha llevado al Tribunal Superior del País Vasco la regulación aprobada en febrero por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu al entender que la comunidad carece de competencias para alterar las disposiciones sobre la jornada de los funcionarios.
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Iñigo Urkullu y Mariano Rajoy.
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Otra comunidad, Castilla-La Mancha, también aprobó a finales del pasado año la reducción de la jornada, medida que se aplica desde el 1 de enero de este año. Sin embargo, en este caso el Gobierno de Mariano Rajoy no ha recurrido la medida, sino que ha abierto un periodo de negociación que incluye una reunión de la comisión bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Castilla-La Mancha el próximo 6 de abril.
El Gobierno vasco ha acogido con “sorpresa” la decisión, al ser adoptada “por un Ejecutivo en funciones” como el de Mariano Rajoy, y ha anunciado una respuesta “contundente” a través del viceconsejero de Función Pública, Andrés Zearreta, quien ha realizado un llamamiento a la tranquilidad de los funcionarios, ya que la situación “sigue igual”al no existir una suspensión cautelar del decreto por parte de la Justicia.
La Administración vasca empezó a aplicar la semana laboral de 35 horas en el año 2000, tras un acuerdo con los sindicatos. Los ajustes en el sector público aprobados por la Administración central por la crisis económica le obligaron, entre otras medidas, a elevar la jornada a 37,5 horas semanales desde 2013. El Ejecutivo de Urkullu revirtió esa decisión a través de un decreto aprobado en febrero, cuya aplicación tendrá un coste para las arcas públicas de 8 millones de euros anuales.
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