Redacción. Vitoria
El consejero de Salud, Jon Darpón, ha defendido este lunes que su departamento realiza inspecciones “de forma continuada y con rigor” en las adjudicaciones del servicio de ambulancias de Euskadi, “para garantizar que se cumpla la calidad del servicio y las condiciones de trabajo de sus trabajadores”, de acuerdo a lo establecido en la adjudicación de los concursos.
Darpón ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia ante la Comisión de Salud del Parlamento vasco donde, a petición la parlamentaria de EH Bildu Rebeca Ubera, ha informado sobre las condiciones de la adjudicación de los concursos de la Red de Transporte Sanitario Urgente (RTSU) y del trabajo que su departamento lleva a cabo para cumplir el mandato parlamentario que le exige “garantizar una atención sanitaria de calidad y el derecho a la protección de la salud”.
Ubera ha criticado que el Departamento de Salud, al externalizar el servicio de ambulancias, “no garantiza que se cumplan los pliegos de condiciones” que dieron lugar a la adjudicación de los concursos por parte de las empresas adjudicatarias porque “no se realizan los controles necesarios”. “Esta es la cruda realidad. Es cuestión de voluntad política”.
Además, ha puesto en cuestión el grado de cumplimiento de la enmienda sobre la regularización del transporte sanitario aprobada por el Parlamento donde, entre otros aspectos, se reclamaba al Gobierno que garantizara unas condiciones laborales “dignas” para los trabajadores de este servicio, activando medidas para la no aplicación de la reforma laboral y para mantener en vigor la ultraactividad. “A día de hoy no está garantizada la calidad del transporte sanitario y la responsabilidad total es del Departamento de Salud”, ha resumido.
El titular de Salud ha defendido que su departamento garantiza un “buen servicio a la población” y ha recordado a Ubera que el Gobierno vasco “no es la patronal del servicio de ambulancias, sino simplemente el departamento de Salud”, que desde los 30 años que lleva en funcionamiento Osakidetza, siempre ha concertado el servicio de este transporte con empresas sanitarias. “Defendemos el modelo porque creemos que funciona bien”, ha insistido.
En este sentido, ha explicado que se trata de un servicio “fundamental” para el funcionamiento del sistema sanitario, así como su “calidad” y ha asegurado que desde el Departamento de Salud “se garantiza su adecuado funcionamiento mediante las inspecciones periódicas, que también garantizan el cumplimiento de las condiciones de los contratos con las empresas suministradoras”.
Por último, ha informado de que al llegar al Gobierno “heredaron” un servicio de ambulancias que pagaba 29.221 euros por cada trabajador de la red de transporte sanitario urgente, y desde el año 2014, se paga 38.234 euros por cada puesto, “un tercio más en dos años y en las circunstancias actuales”.