Representantes de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) han pedido al Departamento vasco de Salud y al Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) que pongan en marcha una unidad médica específica que atienda a las personas afectadas en Euskadi, que son alrededor de 50.
El vicepresidente de Avite, Rafael Basterrechea, y el portavoz de la asociación en el País Vasco, Mariano Garmendia, han llevado a la Comisión de Salud y Consumo del Parlamento de Vitoria una serie de peticiones para que sean trasladadas al Departamento y al conjunto del Gobierno vasco, entre ellas que la farmacéutica alemana Grünenthal sea declarada “non grata” en Euskadi.
Basterrechea ha subrayado que, aunque la responsabilidad última es de la farmacéutica, “el Estado también es culpable porque permitió que el fármaco se siguiese dispensando en España cuando ya fue retirado en otros países”.
Las demandas de Avite ya están en Tribunal Constitucional, donde este año ha presentado recurso contra la sentencia del Supremo en la que se les negó la indemnización que reclamaban a la farmacéutica alemana porque el asunto había prescrito. Si el Tribunal Constitucional mantiene la prescripción, Avite acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Medidas desde las CCAA
Barrenechea ha explicado que los afectados por la talidomida en España son 3.000, de los cuales siguen con vida unos 500. En Euskadi, el número de víctimas es 52. Aunque ha insistido en que la exigencia de responsabilidades va dirigida de manera especial al Estado, ha hecho ver que las comunidades autónomas también pueden arbitrar medidas para ayudas a estas personas.
Así, ha planteado que el Gobierno vasco debería poner en marca una unidad médica específica que atienda a este colectivo, así como que elaborar un protocolo de reconocimiento a las víctimas y a sus progenitores.
Este protocolo, según ha dicho, podría ir en la línea de la actuación aprobada ya por el Gobierno de Andalucía, que creará un registro de afectados por la talidomida en su comunidad para ofrecerles un seguimiento y mejorar su atención sanitaria.
También le ha pedido ayudas para la asociación, la gratuidad de los medicamentos que precisan estos afectados y que “presionen” al Gobierno central para que ponga en marcha ayudas.
Por su parte, Mariano Garmendia, nacido en 1977, ha asegurado tener un “profundo sentimiento de vergüenza” porque España es “el país que peor tratados tiene a sus víctimas y el único que permite que alguna de ellas ejerza la mendicidad en la calle”.
“¿España forma parte de verdad de la Unión Europea o los españoles víctimas de la talidomida no somos europeos?”, ha preguntado. Todos los grupos parlamentarios se han comprometido a analizar la información recibida y a estudiar sus propuestas.
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