Redacción. Bilbao
A propuesta del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, el Gobierno ha dado luz verde al proyecto de ley del Tercer Sector Social de Euskadi. Tras su aprobación por el Parlamento, esta norma será la que regule la actividad, no sólo de las organizaciones que trabajan exclusivamente en el ámbito de los servicios sociales (tercer sector de acción social), sino también la de aquellas que lo hacen en otras esferas de las políticas sociales (empleo, sistema de garantía de ingresos, familias, igualdad, espacio sociosanitario, etc).
Para el Ejecutivo, esta iniciativa supone el reconocimiento del activo fundamental que representan dichas organizaciones para la construcción de una sociedad más justa y solidaria, más cohesionada y más participativa.
El objetivo de la ley es ante todo facilitar la configuración de este sector, identificando sus organizaciones y redes, y remarcar sus características. En este sentido, el anteproyecto establece el plazo de un año, desde la entrada en vigor de la ley, para elaborar un censo de organizaciones.
La conformación del sector, además de fortalecerlo, permitirá desarrollar medidas que impulsen la cooperación entre las propias organizaciones, y también con el sector público y las empresas. Al respecto, el Gobierno Vasco, en colaboración con las redes del Tercer Sector Social de Euskadi, elaborará una Estrategia de Promoción del sector que incluirá actuaciones a desarrollar por cada una de las partes, así como objetivos y medidas relacionadas con el fortalecimiento de las organizaciones y redes, el impulso de su contribución social y el desarrollo de sus diferentes funciones en todo el ámbito de la intervención social.
La estrategia contemplará, al menos, el desarrollo de la base social y participación en las organizaciones; el fortalecimiento organizativo y de la gestión; la estructuración del Tercer Sector Social de Euskadi y la colaboración entre organizaciones; la sostenibilidad, autonomía, transparencia y rendición de cuentas; las inversiones e infraestructuras; la colaboración con el sector público; la colaboración con las empresas; y el fomento, fiscalidad y reconocimiento del Tercer Sector Social de Euskadi.