El Gobierno de Navarra ha elaborado un anteproyecto de ley foral para regular los conciertos sociales con entidades sin ánimo de lucro en los ámbitos de salud y de los servicios sociales en la Comunidad foral como "vía alternativa a la contratación de servicios".
Así lo ha expuesto en rueda de prensa el vicepresidente de Derechos Sociales del Ejecutivo foral, Miguel Laparra, junto al director general de Salud, Luis Gabilondo. Derechos Sociales, en colaboración con Salud, ha liderado el grupo de trabajo constituido para dar forma a esta normativa, que ha integrado a miembros del Consejo Navarro de Bienestar Social.
El anteproyecto se encuentra publicado en la web de Gobierno Abierto para posibles aportaciones de la ciudadanía y entidades, que se podrán efectuar hasta el próximo 10 de mayo. El vicepresidente ha señalado que la ley podría aprobarse en el Gobierno a finales de mayo o principios de junio para posteriormente pasar al Parlamento.
Laparra ha señalado que el Gobierno, con este anteproyecto, "construye un nuevo modelo de relación con la sociedad civil" y "se plantea un proceso de colaboración entre la Administración pública y las entidades sociales en el refuerzo del propio sistema público, tanto de salud como de servicios sociales".
Según ha continuado, se trata de un "sistema nuevo de financiación y de concertación con las entidades de iniciativa social, siempre sin ánimo de lucro". Y ha destacado que este documento es "una oportunidad de estabilidad" y "ofrece oportunidades de colaboración con las entidades sociales de iniciativa social en torno a programas existentes y en los que pueda aportarse una cierta corresponsabilidad en aportación de recurso, luego supone un enriquecimiento".
En el ámbito sanitario, Luis Gabilondo, director general de Salud, ha señalado que es "muy relevante" esta ley en salud y ha destacado que "ofrece una nueva alternativa adicional a la contratación de servicios y abre nuevas vías para la concertación de nuevas modalidades de atención".
"La mayor duración de los contratos es también muy relevante para nosotros porque da estabilidad a instituciones sin ánimo de lucro y a sus trabajadores, que llevan prestando servicios a la sociedad navarra desde hace muchos años y no es razonable que cada pocos años estén en estado de incertidumbre", ha comentado, para destacar que "no obliga a dividir los contratos en lotes".
Laparra ha precisado que podrían estar sujetos a estos conciertos, por ejemplo, los centros ocupacionales para personas con discapacidad, los centros residenciales de Adacen o Aspace, o programas en materia de menores, entre otros muchos. En salud, los servicios del hospital San Juan de Dios, también entre otros servicios.
El anteproyecto trata de reconocer, según el Ejecutivo, la aportación de recursos y la experiencia acreditada en la atención a las personas, que las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro vienen realizando tanto al sistema de servicios sociales como al sistema sanitario.
Laparra ha señalado que estas entidades de iniciativa social surgen, en muchas ocasiones, de las propias personas afectadas por problemas socio-sanitarios. "Su fin social y sin ánimo de lucro, junto a su capacidad para aportar recursos añadidos, incentiva la mejora continua en la atención a las personas beneficiarias de servicios y prestaciones, tanto desde el punto de vista de la cantidad como de la calidad", ha dicho.
Según ha precisado, esta normativa "trata de ser una alternativa al habitual sistema de subvenciones públicas, ofreciendo a las entidades sociales un modelo de relación más estable y más garantista en torno a servicios y programas que ahora vienen desarrollando por esta vía".
En la Ley
El anteproyecto establece que esta opción de gestión en ningún caso podrá plantearse como una vía para la privatización de la gestión de servicios públicos, ni para paralizar procesos de reversión a lo público de servicios privatizados.
Articula un régimen específico para posibilitar la gestión indirecta de servicios sociales, sanitarios y sociosanitarios, a través de conciertos sociales y, por tanto, al margen de la regulación sobre contratación pública con empresas mercantiles, en colaboración con entidades sin fines lucrativos capacitadas para prestar los servicios sin incremento de costes respecto a otras formas de gestión.
De igual modo, delimita los casos en los que estos conciertos sociales pueden suscribirse y define con claridad las características que han de cumplir las entidades para ser consideradas entidades sociales sin ánimo de lucro y acogerse a los mismos. Se trata de evitar de esta forma posibles desviaciones en la correcta utilización de esta fórmula, ha expuesto el Ejecutivo.
Más allá de una fórmula de gestión alternativa, el anteproyecto de ley foral establece una forma de relación entre las administraciones públicas y las entidades de iniciativa social que no es estrictamente nueva porque se había regulado ya en la Ley Foral 20/1985, de 25 de octubre, de Conciertos en materia de Servicios Sociales, pero que se había perdido en un proceso de mercantilización de la gestión indirecta de los servicios públicos en este ámbito.
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