El Pleno del
Parlamento navarro ha aprobado hoy, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E y los votos en contra de UPN y PPN, una resolución en la que la Cámara muestra “su
rechazo más rotundo a la sentencia del TC y se reafirma en su compromiso de defender la Ley Foral 8/2013 y el derecho de todas las personas a una
sanidad pública y universal y manifiesta que el cumplimiento de este derecho no puede supeditarse a ningún tipo de contexto económico”.
La resolución se refiere a la
sentencia del Tribunal Constitucional que no consideraba que la reforma sanitaria del Ejecutivo de
Mariano Rajoy en 2012 fuera en contra de la Constitución. De esta manera, la justicia avaló el recorte de prestaciones sanitarias gratuitas a los inmigrantes sin permiso de residencia, aunque estén empadronados.
En la exposición de motivos de la resolución impulsada por
EH Bildu se cuestiona “el rechazo del Tribunal Constitucional al recurso interpuesto por el Parlamento de Navarra al Real Decreto 16/2012 por el que, entre otros, se retiraba la tarjeta sanitaria a las personas en situación administrativa e irregular y advierte del “riesgo” que dicho fallo supone para la Ley Foral 8/2013, que “reconoce a todas las personas residentes en Navarra el derecho a la asistencia sanitaria universal y gratuita, independientemente de su situación administrativa”.
Derogación del decreto 16/2012
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que se
emplaza al Gobierno central a “derogar de inmediato el Real Decreto 16/2012 y a no discriminar a ninguna persona por su situación administrativa, social o laboral”.
Ya en un tercer apartado, se conmina al Ejecutivo Foral a “no permitir ningún tipo de injerencia y a seguir garantizando la asistencia sanitaria universal y gratuita a todas las personas residentes en Navarra”.
La parlamentaria de E.H. Bildu,
Bakartxo Ruiz ha recordado que la suspensión cautelar de la Ley Foral, “pionera” a nivel estatal, y su posterior levantamiento parcial en base a la “conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad por un eventual ahorro económico, entraría en contraposición directa con la sentencia que avala el Real Decreto 16/2012”.
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