El
Gobierno de Navarra ha asumido este domingo la
competencia sobre la sanidad penitenciaria, tal y como pactó con el Ejecutivo estatal en la Comisión Mixta de Transferencias celebrada en junio. La Comunidad Foral podrá de esta forma decidir sobre las funciones de asistencia sanitaria de la cárcel de Pamplona.
Navarra se hará cargo de los gastos de personal de las diez personas que hasta ahora formaban parte de la plantilla de Instituciones Penitenciarias. Se trata de seis funcionarios, un contratado temporal y tres integrados como personal laboral, que pasarán a incluirse en la
plantilla del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Según quedó establecido en el Boletín Oficial de Navarra (BON), el Gobierno que preside la socialista María Chivite deberá
garantizar los derechos de los presos como usuarios de los servicios de salud, así como su accesibilidad a los recursos sanitarios. El acuerdo también recoge las actividades de índole médico-legal determinadas en la legislación penitenciaria.
Un traspaso de 131 millones
Este traspaso conlleva un coste de 131 millones de euros, si bien la Comunidad navarra reducirá un 1,6 por ciento su aportación a España por la cartera asumida
. En total, 2,1 millones de euros.
La retribución de los funcionarios de sanidad penitenciaria ascenderá hasta los
360.000 euros anuales. Además, se destinarán más de 69.000 euros por el coste anual de productividad por realización de guardias sanitarias.
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