Redacción. Pamplona
Más de 6.000 personas dependientes tendrán a partir de este año las mismas desgravaciones fiscales en el IRPF que las personas con una discapacidad igual o superior al 65 por ciento aunque todavía no están reconocidas como personas con discapacidad.

El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, y la presidenta del Gobierno navarro, Uxue Barkos.

La medida, que ha entrado en vigor en enero con la reforma fiscal, beneficiará por igual a todas las personas dependientes sea cual sea su grado reconocido (moderado, severo o gran dependiente).

La aplicación de estas desgravaciones supondrá un gasto fiscal de tres millones de euros, según han indicado en conferencia de prensa el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, y el consejero de Hacienda, Mikel Aranburu.

Hasta ahora solo accedían a estos beneficios fiscales quienes tenían reconocida la calificación de discapacidad o, por asimilación, quienes disfrutaran de prestaciones públicas por incapacidad.

Así, se equiparaba a una discapacidad de al menos el 33 por ciento a quien tuviera una pensión por incapacidad permanente total, y de más del 65 por ciento a quien la percibiera en sus grados de absoluta o de gran invalidez, pero, por el contrario, no existía una asimilación similar con la situación de dependencia, circunstancia que se subsana con la reforma fiscal.

En este sentido, Laparra ha recordado que el reconocimiento de la situación de dependencia y el grado de discapacidad obedecen a procedimientos y derechos diferentes, regulados por diversas normativas y de los que se ocupan distintos profesionales.

Los casos analizados han permitido al Gobierno comprobar que el 99,95 por ciento de las personas con dependencia que solicitan el reconocimiento del grado de discapacidad (generalmente para acogerse a las desgravaciones fiscales) obtienen un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.

El vicepresidente ha valorado además que con esta medida no solo se mejora la situación económica de estas personas, sino que se reducirán de 5 a 2 meses el tiempo de espera del resto para la calificación de la discapacidad.
A la menor burocracia y los problemas de desplazamiento que para estas 6.000 personas desaparecen, se suman los beneficios económicos para ellos o los familiares que les mantengan y que suelen tener que hacer frente a gastos extraordinarios por cuidados o adaptaciones de la vivienda, ya que podrán deducir por ella, ha explicado Aranburu.

En concreto la persona con dependencia tendrá a partir de este año mayor deducción por mínimo personal, un incremento del 100 por ciento en la deducción por trabajo, deducción por obras necesarias en la vivienda, mayor límite de rentas a efectos de la posible deducción por adquisición de vivienda, deducción por su cuidado y una menor retención.

Y la persona que conviva y mantenga al dependiente dispondrá de deducción por mínimo familiar siempre que éste no tenga rentas superiores al Iprem, deducción por cuidado, mayor límite a efectos de aplicar la tarifa separada en caso de anualidades por alimentos y reducciones por aportaciones a planes de pensiones a favor de dependientes.